El Consejo de la Juventud de España (CJE) ha alertado este sábado del "acoso que está sufriendo el Consejo de la Juventud de Aragón (CJA) por parte del Gobierno autónomo al anunciar su decisión de reducir el presupuesto de este organismo un 96 por ciento, designándole una asignación económica de 2.500 euros, tal y como figura en el Anteproyecto de la Ley de Presupuestos para la Comunidad autónoma de Aragón para el año 2013".

Este medida supone, por una parte "y de forma tácita, el cierre del Consejo de la Juventud de Aragón dado que se trata de una cantidad claramente insuficiente para mantener su estructura, actividad y labor de representación consignada por Ley". Por otra, "obliga al despido de dos trabajadoras que engrosarían las ya abultadas listas del paro de la Comunidad".

El Consejo de la Juventud de Aragón es una entidad de derecho público que agrupa a más de 40 asociaciones juveniles de la comunidad y que tiene reconocido por Ley su papel de interlocución entre la juventud aragonesa y las instituciones autonómicas, recuerda en un comunicado el CJE, para apreciar que "su desaparición supondría una seria devaluación de nuestro sistema democrático".

El Consejo de la Juventud de España, que celebra este fin de semana su asamblea ejecutiva en Zaragoza, sostiene que en este momento "es necesario promover que la sociedad civil participe en el diseño de las políticas públicas para que éstas sean más eficientes y, en especial, que se promocione la participación de la juventud, por ser uno de los sectores de la población más castigados por el desempleo y por la crisis económica".

Así, el CJE quiere mostrar su apoyo "incondicional" a los miembros y a los trabajadores del CJA y solicita al Gobierno de Aragón que reconsidere esta medida y dé marcha atrás en su intención de "liquidar" este órgano de representación juvenil.

El Consejo de la Juventud de España es un organismo autónomo dependiente del Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad en el que están representadas más de 60 entidades juveniles de todo el Estado, entre organizaciones y los consejos de juventud autonómicos.

El principal objetivo de esta plataforma, creada por ley en 1983, es dar respuesta a las demandas de los jóvenes para el desarrollo de sus objetivos tanto individuales como colectivos.