El Ayuntamiento de Zaragoza se ha fijado en los agentes de la Policía Local que se encuentran en segunda actividad sin destino determinado para reforzar algunos servicios o prestarlos directamente evitándose un coste que ahora tienen que desembolsar a empresas privadas porque están externalizados. El Gobierno se ha dado cuenta de que algunas funciones, de vigilancia en centros como los museos --ya han anunciado que rescindirán contratos con empresas de seguridad y servicios-- o de inspección en determinadas áreas municipales se pueden realizar con estos profesionales que, por tener más de 55 años, solicitaron su salida del servicio ordinario sin un puesto alternativo a desarrollar en el cuerpo y ahora están en casa y cobrando el 80% de la retribución que percibían.

Para unos por desidia de los responsables de la Policía Local, porque nunca han ofrecido salidas interesantes para estos agentes como para que quisieran quedarse; y para otros, por la propia voluntad de estos trabajadores, lo cierto es que el porcentaje de los que optan por pasar a la segunda actividad sin destino es casi el 87%. Además, la plantilla no se renueva y va envejeciendo. Está previsto que desde este año hasta el 2015 se jubilen --por tener 65 años-- 74 agentes.

SINDICATOS El último estudio realizado apuntaba que hay un total de 225 agentes en segunda actividad, de los cuales solo 30 (un 13,33%) están con destino asignado y 195 (86,67%) sin él. Además, hay que tener en cuenta otro dato, el gasto que supone para las arcas municipales la segunda actividad. Según datos oficiclaes extraídos del último proyecto de presupuesto, el del 2012, de los 65,1 millones que se prevé gastar en la Policía Local en el presente ejercicio, 54,5 serían para el funcionamiento normal del cuerpo y los salarios de los agentes en activo y 9,11 para la segunda actividad, con o sin destino. Repescarlos, además, le reportaría al ayuntamiento, solo en costes de personal de la propia Policía, 230.6685 euros anuales.

La lectura es sencilla: puestos a pagarles, ¿por qué no utilizarlos para reforzar servicios en los que hay carencias o para optimizar el gasto en otros en los que se encargan a empresas privadas? Solo lo que podría suponer, por ejemplo, de ahorro en la seguridad privada y servicios auxiliares en museos serían 1,4 millones de euros.

Pero el Gobierno quiere alcanzar un consenso con los sindicatos antes de actuar. Saben de esta intención de forma extraoficial y, en principio, hay buena predisposición. Porque, como apuntó Juan Luis Mendoza, portavoz del sindicato CSL, "el problema hasta ahora es que no se ha promovido nunca el esfuerzo para que la gente se quiera quedar". "Se hizo para rebajar horas de trabajo pero nada para encontrar un destino", señaló, al tiempo que destacó que debería hacerse "en puestos en condiciones que se adecúen a sus características".