En medio de un conflicto laboral en el autobús urbano de Zaragoza, que empezaraá a ser social a partir del 16 de septiembre con la huelga de los trabajadores y las afecciones al servicio, la concesionaria Autobuses Urbanos de Zaragoza (AUZ) y el ayuntamiento prosiguen su rifirrafe con motivo de la liquidación del anterior contrato y la deuda que unos exigen y que los otros se niegan a reconocer. Dieciocho millones de euros separan a los 22 que, como máximo, estaría dispuesto a reconocerle el conistorio a la empresa, y los 49 que esta reclama.

Una distancia abismal en la que, curiosamente, juega un papel fundamental la revisión de precios que año a año ha ido aplicando la concesionaria en el coste por kilómetro recorrido y, dentro de ella, la subida salarial pactada por la dirección con los trabajadores que suponía un incremento del 20% en el sueldo en el preiodo comprendido entre el 2009 y el 2015. Por eso el Gobierno municipal recrimina al comité de empresa que no acepte desvincular el ERE de la discusión por romper el convenio, porque desde el 2009 los salarios de la plantilla "ya han crecido un 15%", según apuntó el propio vicealcalde esta semana.

Pero lo que se desconocía es que la empresa reclama las subidas del 2011 y el 2012 al ayuntamiento en esa liquidación de la deuda. Ni que el Gobierno municipal no está dispuesto a reconocérselo porque en su día, cuando se alcanzó un acuerdo entre dirección y plantilla, no se firmó ningún documento por el que el ayuntamiento diera su plácet al al nuevo convenio y ahora argumenta que no está conforme con esa revisión que se hizo para los salarios hasta el 2015 y que repercutía en el precio por kilómetro. Ni tampoco que el 9% que plantea la concesionaria con la inaplicación del convenio supondría congelar los salarios en base a lo que cobraban el año pasado, obligando al personal a renunciar al 3,9% que se les ha subido este año y otro 5% que se prevé en dos años.

Mientras, prosigue el conflicto y también las diferencias en una deuda municipal en la que, además, AUZ reclama unos intereses de demora por el retraso acumulado, y que el Gobierno municipal se niega a reconocerle porque, en el último plan de pago a proveedores, se le abonaron todas las facturas pendientes con su compromiso de renunciar a estos intereses.