El delegado del Gobierno en Aragón, Gustavo Alcalde, ha iniciado un expediente sancionador contra 51 personas que participaron el pasado martes en un escrache ante el domicilio del diputado nacional del PP Eloy Suárez. Este, se sustenta en la vulneración de dos leyes orgánicas: la de derecho de reunión y la de seguridad ciudadana. El atestado policial, y según confirmaron fuentes de la delegación a EL PERIÓDICO, está también en manos de la Fiscalía, quien podría abrir diligencias si lo considerase oportuno. Dependiendo de cómo se tipifiquen las dos faltas que se les atribuyen, las multas podrían alcanzar los 300 euros, si son leves, y hasta 30.000 euros, si son graves.

Es la segunda vez en menos de un mes que la Delegación del Gobierno en Aragón hace echa un pulso con los antidesahucios. Primero fue por el asentamiento en la sede de la CAI, el cual resolvió un auto judicial que consideró este acto "lícito y legítimo". Ahora, a los de Stop Desahucios les han vuelto a "dar caña".

El pasado martes, hicieron un escrache ante el domicilio del popular Eloy Suárez. Habían quedado a media tarde para desplazarse desde la Federación de Barrios (FABZ) hasta el paseo de las Damas, donde vive Suárez. Fueron andando, y "permanentemente vigilados" por los antidisturbios, explica Pablo Híjar. "Vimos que intentaban encerrarnos en varios tramos, pero conseguimos avanzar en contradirección", aseguró uno de los portavoces de Stop desahucios. Una vez llegaron al paseo Constitución, y a la altura de Radio Zaragoza, los agentes identificaron "uno a uno" a los integrantes que en ese momento "no gritaban, coreaban, o nada similar, solo andábamos", dijeron.

En una nota de prensa la delegación asegura que "fueron identificados ante el domicilio de Suárez". Versión que "no cuadra en absoluto con lo que pasó", añade. Los agentes pidieron la documentación en el paseo Constitución, a 650 metros del domicilio del político. "En ese momento nadie estaba manifestándose, es una barbaridad", comentó Híjar, quien denunció "una estrategia de acoso y derribo del delegado Gustavo Alcalde. Tienen vídeos y fotografías que lo demuestran y no entienden "por qué miente la delegación".

UNIFORMIDAD Ayer mismo, el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, advirtió a los participantes de los escraches en toda España de que "recibirán las mismas multas que se han impuesto en Madrid a sus compañeros". Estas últimas, las graves, son de 1.500 euros. Varios madrileños deberán pagarlas por los escraches a Sáenz de Santamaría o a la diputada popular Belén Bajo. Otros participantes deberán hacer frente a multas de 200 euros. Para el ministro del Interior estos actos son "radicalmente antidemocráticos". Ayer, efectivos policiales evitaron uno al presidente del Congreso, Jesús Posada, en el madrileño barrio de Salamanca.