El pleno del Senado va a aprobar, con los votos del grupo Popular, y con los votos en contra de los restantes grupos políticos, el dictamen al proyecto de Ley de Evaluación Ambiental, que también recoge el memorándum Tajo-Segura y dos disposiciones adicionales que dejan la puerta abierta a los trasvases entre cuencas.
En estas dos disposiciones se favorece la cesión de derechos de aguas intercuencas, algo que la ley actual restringe a casos excepcionales. No serán las confederaciones, ni las comunidades autónomas quienes decidirían. Tampoco serían el Congreso y el Senado. Con esta modificación bastará una decisión de la dirección general del Agua para autorizar directamente estas cesiones. Se hace, además, de forma urgente y oculta en una Ley que no tiene que ver con el agua.
Como se señala desde la fundación Nueva Cultura del Agua, el Partido Popular cambia las reglas del juego en materia de agua por la puerta de atrás, sin debate ni participación pública. De hecho, esto supone modificaciones muy importantes a la Ley de Aguas y al Plan Hidrológico Nacional que les permitiría desarrollar una Agencia Nacional o ADIF del Agua que centralizará las decisiones de la planificación y asignación del agua por encima de las confederaciones hidrográficas y las comunidades. O un banco nacional del agua en el que los usuarios, principalmente regantes, puedan venderse los derechos entre diferentes cuencas, posibilitando trasvases privados de agua. O una red de autopistas del agua con capital preferentemente privado, que eufemísticamente sustituiría el polémico término trasvase.
Estas enmiendas permitirán, por ejemplo, autorizar un trasvase desde el Ebro sin ningún acto legislativo adicional y profundizan el modelo productivista hidráulico y neoliberal que está en la base del deterioro generalizado de los ríos y acuíferos en España y que es diametralmente opuesto a los objetivos, principios y enfoque ambiental y participativo de la Directiva Marco del Agua.
De hecho, todo este proceso de privatización de las aguas del Ebro ya se ha iniciado con el Plan de Cuenca recientemente aprobado en los meses pasados. Para trasvasar hace falta regular y de ahí que en esa Plan del Ebro se aprobasen 79 nuevos embalses financiados en un 80% por el erario público, es decir, por todos los ciudadanos.
A medio plazo se plantea consumir el 50% de las aguas circulantes por el Ebro. El supuesto otro 50% que iría al mar sería el objeto de deseo del ministerio y los regantes de Valencia y Murcia.
Pero, frente a aquellos que machaconamente dicen lo contrario, el agua no se pierde en el mar. El río necesita agua, la calidad de los caudales circulantes necesita agua, los ecosistemas acuáticos necesitan agua y los mares necesitan que les llegue agua dulce en cantidad y calidad.
Agotar o disminuir excesivamente estos caudales nos obligará a gastar mucho dinero, dinero público, en restaurar los daños ambientales provocados por especies invasoras, concentración de contaminantes, especies patógenas. Todo ello en un escenario en el que ya estamos teniendo un 20% menos de caudales respecto a décadas pasadas debido al cambio climático y que a su vez condiciona largos periodos de sequía. Y el Ebro, contrario a lo que dice la copla, ya está cansado de guardar silencio.
El precedente del trasvase Tajo- Segura es un pésimo ejemplo para la cuenca del Ebro. Con la firma del memorándum y su inclusión en la ley de evaluación ambiental hace muy difícil la derogación de esos derechos .Si en otro momento posterior se quisiera dar marcha atrás, el Sindicato de Regantes Tajo-Segura. estaría legitimado para pedir una compensación económica de un total de diez mil millones de euros.
Estas enmiendas ponen en bandeja los derechos de las aguas y los ríos en las manos de los intereses privados que piensan hacer un lucrativo negocio con ella. Se pretende repetir en España el ejemplo ultraliberal chileno donde su Constitución, impuesta por el dictador Pinochet, contempla la privatización de todos sus ríos. Con estas medidas unilaterales y ultraliberales del Partido Popular, asistimos al sabotaje a la Constitución Española y la ley de aguas que hablan del carácter público del agua y su entorno.
Hoy, jueves 21, se vota en el Senado la ratificación de esta ley que dará vía libre a los trasvases en el Ebro y en donde esperamos muy poco de los parlamentarios aragoneses del PP que, aunque tuvieran alguna actuación contraria a dicha aprobación, seguirán al día siguiente apoyando las políticas de su partido. De su socio de gobierno, el PAR, esperamos que, además de su posicionamiento en contra, no siga con sus apoyos a Luisa Fernanda Rudi.
A la sociedad civil y al resto de partidos no nos queda otra salida que reeditar la oposición que hicimos hace doce años .Porque el Ebro no se toca.
