El magistrado del Juzgado de Instrucción número 12 de Zaragoza, que investiga las obras de remodelación del convento de las Carmelitas de Teruel para transformarlo en la sede territorial de la DGA, ha ordenado a través de un oficio al Pignatelli que le especifique qué miembros del Ejecutivo autonómico participaron en la sesión del Consejo de Gobierno que aprobó la contrata.
Esta es una de las dos investigaciones que siguen abiertas en los juzgados de las seis sobre expedientes de contratación del Gobierno de Aragón de los años 2004 y 2005 que los fiscales llevaron a los tribunales hace unos meses. La Fiscalía de la Audiencia Provincial de Zaragoza abrió las pesquisas después de que la delegación del ministerio público en el Tribunal de Cuentas le trasladara 26 contratas en cuya tramitación apreció indicios de delito.
Las obras bajo investigación en Teruel son las referentes al "modificado número 2", adjudicadas por 616.836 euros por el Departamento de Presidencia --dirigido en esa época por José Ángel Biel (PAR)-- el 18 de abril del 2004, y que consistieron en el acondicionamiento de un vial de acceso al edificio. La causa incluye también la remodelación de una glorieta y la construcción de un aparcamiento subterráneo en la capital turolense que la misma consejería adjudicó el 7 de julio de ese año por 10,2 millones.
Según concluyó el Tribunal de Cuentas, las obras del convento "fueron ejecutadas con anterioridad a la aprobación del gasto y a la adjudicación del contrato, lo que implica una infracción generalizada de la normativa". Además, señala su informe, "el expediente fue objeto de reparo (por parte de la Intervención) en el trámite de fiscalización previa, a pesar de lo cual, y sin levantarse el mismo ni elevarse la discrepancia al Consejo de Gobierno, se aprobó el gasto".
INDICIOS El juez trata de determinar si algún funcionario o cargo público prevaricó o malversó dinero en este procedimiento, por lo que ha centrado el inicio de las pesquisas en identificar a las personas físicas que participaron en él. Nadie ha resultado hasta ahora imputado. De aparecer indicios sobre algún aforado --diputados autonómicos, en este caso--, el instructor enviará la causa al Tribunal Superior de Justicia de Aragón.
Hasta la fecha, los jueces han archivado dos causas sobre los contratos: la construcción de los colegios de Parque Goya II y la calle Monegros de Huesca --6,9 millones-- y la adjudicación del servicio de transporte sanitario no urgente en el 2004 --25--. Otras dos, explicaron fuentes judiciales, llevan el mismo camino: la gestión de cinco zonas del Plan de Depuradoras --354-- y la adjudicación de la tubería de la potabilizadora de Monzón --10,1--.
