El Justicia de Aragón se ha dirigido al Departamento de Educación del Gobierno de Aragón para conocer las razones por las que la Administración introdujo entre los requisitos para los aspirantes varios factores, entre los que destacan haber fijado una renta anual --correspondiente al año 2011-- de 6.390 euros de la unidad familiar y no per cápital, como era el curso pasado o si se tienen en cuenta circunstancias familiares como el número de hijos.

Además, Fernando García Vicente también pide a Educación que le aclare si hay otra posibilidad de tramitar la solicitud que no sea exclusivamente la telemática y si se puede adjuntar la renta del 2013 y no solo la del 2011 para acreditar la circunstancia actual de los aspirantes.

De este modo, la institución admite la queja presentada por la Federación de Asociaciones de Padres de Alumnos (Fapar) sobre las bases que regulan las ayudas de comedor y libros, lo que provocó la "satisfacción" de las familias, que solicitaron la mediación del Justicia "ante la política que el departamento está desarrollando en torno a estas ayudas", indicaron desde la federación.

Fapar sostiene que "el hecho de que se hayan endurecido las condiciones para solicitar las ayudas, especialmente las de comedor, impidiendo que las familias que ganen más de 530 euros mensuales o la supresión de otras circunstancias sociofamiliares contempladas el curso pasado o que se conceda solo el 80% de la ayuda" han sido "razones más que suficientes" para que García Vicente haya atendido su reclamación, realizada de forma conjunta con los trabajadores sociales.

SIN RECURSOS Los padres también denunciaron que solo se tenga en cuenta la renta familiar del 2011, sin considerar la situación actual, o que "se obligue" a permanecer en el comedor durante todo el curso.

Asismismo, Fapar ya criticó que la resolución provisional de asignaciones deparó que el "31%" de los agraciados declararon ingresos de 0 euros. Además, el 40% no llega a 10 euros al mes, pero todos ellos deberán asumir la parte del servicio --el 20% del total-- que la ayuda no cubre. De hecho, las familias prevén renuncias "en cascada" y graves problemas en los colegios.

"Quedamos a la espera de que el departamento responda al Justicia y este pueda hacer una valoración de la situación que nosotros denunciamos como injusta y arbitraria al atentar contra un derecho fundamental de los menores, como es a una alimentación digna", indicaron.