El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) solo baraja una puntualización sobre la reforma del Código Penal sobre la inmigración ilegal. Se trata de la libertad del fiscal para decidir si acusar o no en casos de ayuda humanitaria. El borrador del informe del CGPJ, elaborado por la jueza Margarita Robles, incluía este único comentario sobre el artículo 388 bis, e insta a que se modifique y detalle expresamente en qué casos el Ministerio Público no debe actuar contra la ayuda altruista a los sin papeles en la entrada o tránsito por países de la Unión Europea.

"La previsión se adapta a la normativa de la UE --concretamente a la directiva 2011/36, del 5 de abril--, y creemos que tendrá una influencia penal mínima, por lo que no le hemos dedicado mucha atención", confirmaron fuentes del CGPJ. "Por el principio de intervención mínima del Derecho Penal, sería llevar las cosas al extremo el pensar que alguien pudiese acusar a la Cruz Roja o un buen samaritano de ayudar a alguien que llega en patera, o a coger a un autoestopista y trasladarlo", explicaron las mismas fuentes.

"Pese a lo que pueda pensarse, los jueces suelen tener bastante sentido común, y no me imagino a muchos que fueran capaces de dictar una sentencia condenatoria por este delito", explicaron desde el consejo. En cualquier caso, la reforma del Código Penal llegará, previsiblemente, muy avanzada la legislatura, y podría sufrir profundas modificaciones.

PLENO El debate sobre el informe de Margarita Robles se producirá el próximo 16 de enero, previsiblemente. El dictamen que haga el CGPJ sobre la reforma de la ley es preceptivo pero no vinculante --el Gobierno debe recibirlo, pero no tiene por qué seguirlo en la redacción de la norma definitiva--, pero si sigue las pautas de Robles (algo difícil, ya que no pertenece al ala dominante), será demoledor. No precisamente por la legislación sobre extranjería, sino por medidas como la cadena perpetua revisable, la custodia de seguridad o el agravamiento de las penas por desobediencia civil.

Desde la oposición se ha llegado a tildar la reforma de "medieval", y el informe de Robles alertaba de que algunos artículos podrían ser inconstitucionales. Particularmente la citada perpetua, que alargaría indefinidamente la prisión --salvo informe que no negase-- en crímenes "especialmente reprochables", como violaciones con asesinato, homicidio de menores, terrorismo o magnicidio.

Pese a que Gallardón sostuvo que no, desde el CGPJ señalaron que esto vulneraría el objetivo de reinserción que debe guiar el sistema penitenciario español, según dicta la Constitución. Algo parecido sucede con la custodia de seguridad, un periodo de privación de libertad de hasta diez años --después de la condena-- para casos en los que el juez dude de la capacidad del preso para vivir en sociedad.

PROTESTA SOCIAL También han sido muy contestadas las propuestas de reforma del Código Penal que aluden a protestas sociales, y que parecen hechas a medida para evitar acciones de los indignados. Por ejemplo, el artículo 557 tercero, que castiga con prisión de tres a seis meses o multa de seis a doce meses la invasión de un local y perturben su actividad. O las penas de entre tres meses y dos años --o multa de seis meses a dos años-- que establece el 560 bis or interrumpir servicios en telecomunicaciones y transportes públicos.

El portavoz de Jueces para la Democracia, Joaquim Bosch, alertó en su día de que estas medidas supondrían pasar "de un Estado social a un Estado Penal", porque además se elimina la desobediencia leve.