Formo parte del patronato de una fundación que atiende a discapacitados intelectuales. Así que puedo asegurarles (y ya perdonarán que personalice la historia, pero así es más verídica) que dicha entidad no solo arrastra un bajón en subvenciones que ronda los 300.000 euros, sino que el retraso en el pago de las actividades asistenciales sujetas a convenio y de las preceptivas ayudas salariales para los centros especiales de empleo que mantiene oscila entre los tres y los cuatro meses.

Así está todo el sector. Y debe quedar claro que si las organizaciones que actúan en el mismo se vienen abajo o se bloquea económicamente su operatividad, miles de discapacitados se quedarán literalmente tirados, sin opciones, sin futuro. Todas las esperanzas se centran ahora en el relevo que se va a producir en el IASS (Instituto Aragonés de Servicios Sociales), donde el equipo directivo que designó Rudi cuando se hizo cargo del Gobierno de Aragón acaba de ser cesado fulminantemente. A ver si es verdad.

Así va todo. El ajuste real parece muy superior a lo que indican las cifras oficiales. Sus efectos son demoledores. Esta misma semana la OCDE nos ilustraba sobre los gastos sanitarios en el 2010, que bajaron en Europa por vez primera en decenios. España figura solo con un 0,9% de retroceso, porcentaje inferior (se supone) al de 2011 y sobre todo al de 2012. Pero el impacto sucesivo de tales descensos en los sistemas públicos de salud se ha multiplicado de alguna forma. En Aragón, por ejemplo, las listas de espera se han estirado de tal forma que las existentes en el 2010 se antojan irrelevantes.

Aquí hay algo que no cuadra. ¿Se libera crédito por valor de las partidas que figuran en los presupuestos (ya de por sí restrictivos), o todavía se recorta más por la vía de dejar inversiones y gastos sin ejecutar o pendientes de pago? ¿Cómo encajamos el dato según el cual Aragón ha perdido 4.100 empleos públicos en lo que va de año? ¿Cuántos de esos empleos se han suprimido en servicios esenciales?

Vamos de sorpresa en sorpresa. Un juez ha embargado de forma preventiva la ampliación de capital de Plaza (a la que ha acudido en solitario el Ejecutivo autónomo) y otros ingresos de la sociedad. El consejero Aliaga asegura que su departamento estimulará el crecimiento con una asignación económica para el 2013 que guillotina sin contemplaciones actividades básicas. Claro que la consejera Serrat ha ido más lejos al explicar que si ha metido mucho más la tijera en el capítulo de educación pública que en el de la concertada es ¡porque el desarrollo de esta mejora la eficacia de aquella!

Un barullo. ¡Ah!, y el Ayuntamiento de Zaragoza, a punto de paralizar pagos porque, según el vicealcalde, la DGA no le paga lo que le debe. A bolos.