La Audiencia Provincial de Zaragoza alberga mañana la primera jornada de las siete previstas en el juicio con jurado popular por el caso karts de Plaza, en el que el tribunal popular deberá decidir si hubo una conspiración para elevar el precio de los terrenos de los terrenos del antiguo Kartódromo Aragón y si se cobró una comisión ilegal por ello. Y la vista llega sin que el Tribunal Supremo se haya pronunciado sobre uno de los puntos clave del asunto: si el dinero que manejaba Plaza era público o no.

La cuestión no es baladí, ya que el carácter público del dinero hace posible que exista un delito de malversación. Y esto, a su vez, ha llevado el caso ante un jurado popular, ya que es de su competencia. De no ser así, le hubiera correspondido a un tribunal profesional. Cierto es que el otro delito (el cohecho o soborno, por la comisión) también es materia de jurado, pero habría más objeto de discusión sobre cuál es la infracción principal.

El argumento de que los caudales de Plaza no eran públicos fue desestimado en su día por la Audiencia Provincial de Zaragoza, al condenar a cuatro años de cárcel por malversación al exgerente de Plaza, Ricardo Gacía Becerril y al exconsejero delegado de la plataforma y exviceconsejero socialista de la DGA, Carlos Escó -junto al constructor Agapito Iglesias- por malversar 8,7 millones de euros, pagados indebidamente por la obra de unas naves con la connivencia de los tres. La sentencia de este caso pagarés fue recurrida ante el Supremo, con el argumento de las defensas de que en la constitución de Plaza también intervinieron las cajas de ahorros Ibercaja y CAI, entonces separadas.

SUSPENDIDO EL PLAZO / La vista se celebró en diciembre, pero el Alto Tribunal aún no ha decidido sobre la cuestión, o al menos no ha trascendido su dictamen. De hecho, el pasado viernes anunció que suspendía el plazo para adoptar esta decisión, porque los magistrados necesitan más tiempo. Así las cosas, García Becerril y Escó vuelven al banquillo acusados de nuevo de malversación, y también de cohecho, delitos por los que se enfrentan hasta a 10 años de cárcel para la Fiscalía (11 para la DGA y Plaza) y a una multa de 700.000 euros, el doble de lo que presuntamente se llevaron por cabeza. Junto a ellos se sentará el marido de la dueña del terreno, Santiago Becerril (sin parentesco con el anterior). Para él la petición se reduce a 1,5 años por cohecho, ya que las acusaciones valoraron que fue su confesión, principalmente, lo que dio origen a esta causa.

Y es que, según explicó en su día a la Policía Nacional y al fiscal anticorrupción zaragozano, García Becerril le propuso en su día pagarle mejor los terrenos si a cambio le pagaba una comisión de algo más de 600.000 euros. Un pago efectuado en tres cheques que, según le dijo el exgerente, iba a repartirse con Escó.

El letrado del propietario, Valentín Romero, argumentó durante la instrucción que el delito habría prescrito, ya que el trato se efectuó hace más de diez años. Pero la magistrada que presidirá el tribunal del jurado, Esperanza de Pedro, dio la razón a las acusaciones en que el plazo contaría desde que se pagó la última parte de la supuesta mordida. Tampoco prosperaron los recursos de la defensa de García Becerril, a cargo de José María Gimeno del Busto, ni la de Escó, representado por Juan Monclús. Este ha venido incidiendo en que el indicio principal contra el exconsejero es el supuesto testimonio de García Becerril. Aunque el análisis de la Policía Nacional desvela gastos en efectivo por aquella época compatibles con su parte de la mordida.

En cuanto al valor de los terrenos, las acusaciones sostienen que había un acuerdo previo de compra por valor de 4 millones de euros, que fue abultado por los dos responsables de Plaza juzgados hasta los 6,3 que se pagaron definitivamente. Y, según un informe pericial encargado durante la instrucción, el sobrecoste aún sería mayor, ya que el técnico lo tasó únicamente en 2,3. Aunque las defensas incidieron en que no tuvo en cuenta el valor de los negocios que había en el terreno, prósperos entonces.