El responsable de Servicios Públicos y Personal en el Ayuntamiento de Zaragoza, Alberto Cubero, y la vicepresidenta de la sociedad Ecociudad (que gestiona el saneamiento en la ciudad), Teresa Artigas, amanecieron ayer a las 7.00 horas en la planta depuradora de La Almozara para realizar una inspección sorpresa a la empresa que la mantiene y gestiona, Drace, filial de la multinacional ACS y en el punto de mira desde hace tiempo de sindicatos y de Zaragoza en Común (ZeC). El resultado de esa visita fue, tal y como anunciaron ambos, la apertura de expedientes sancionadores por los clamorosos incumplimientos del contrato que garantizaron haber comprobado in situ.

Ni tiene el personal que prometió en su oferta, ni ha realizado las mejoras que ofertó para ganar el contrato, ni hace un mantenimiento adecuado de las máquinas que deberá retornar al consistorio el próximo mes de abril. Lo mismo que un día antes denunciaban en un comunicado los sindicatos CGT y UGT, ellos quisieron verlo en persona. Para después ampliar la información, consultándole al gerente de la sociedad Ecociudad, Miguel Ángel Portero. Este les informó, además, de otra novedad: las mejoras que ofrecieron ni se han hecho ni se harán, porque el pasado mes de abril, alguien del ayuntamiento --dicen no saberlo aún--, las renegoció con la empresa y acordó otras distintas sin avisar, ni informar, ni consensuarlo con el consejo de administración.

Todo esto es lo que hicieron público ambos concejales en comparecencia conjunta ante los medios. Y dijeron estar a la espera de que se resuelvan estos expedientes pero que, a seis meses de que concluya el actual contrato, de nuevo apunta a su posible remunicipalización como solución, porque "los servicios externalizados están resultando vergonzosos y agotadores". Más contundente era Cubero en un vídeo colgado en la web de Zaragoza en Común (ZeC), en el que directamente apunta a la "estafa" de la filial de ACS a los zaragozanos.

La rescisión del contrato no merece la pena a seis meses de que se extinga, pero será castigada económicamente como corresponde. Porque el largo listado de irregularidades que aseguraron haber detectado suponen "una merma en la calidad del servicio", que no del agua, apostilló insistentemente Teresa Artigas. No es baladí el asunto, la planta de La Almozara depura el 10% del total en la ciudad, y en la de recuperación de aguas se rescata el 5% de la que se perdería para el abastecimiento.

Denunciaron que "hay equipos que están estropeados desde hace meses o años", a pesar de que en los partes que la empresa traslada se asegura haber hecho su mantenimiento. Pero que lo cierto es que "algunos llevan sin funcionar desde antes del inicio del actual contrato".

"Vamos a ser muy beligerantes con esta y otras empresas", añadió Cubero, para quien, con casos como este, se demuestran sus "engaños a la Administración pública".