La obligación de asumir por parte del Instituto Aragonés del Agua (IAA), a partir del 2016, la recaudación del impuesto por la contaminación de las aguas (ICA) --anteriormente llamado canon de saneamiento--, ha motivado que se ponga en manos de una empresa privada la labor de girar los dos millones de recibos que se expedirán el año próximo. Por la misma "falta de recursos personales" para obtener una recaudación global que rondará los 45 millones anuales. Se estimó una necesidad de plantilla de "más de 20 personas", cuando el IAA actualmente tiene unos 50 empleados en total y las leyes actuales impiden generar nuevos puestos de empleo público y limita su reposición.

Hasta ahora esa función la hacían los consistorios, a los que luego se tenía que "indemnizar" por los costes que representa el envío de estos recibos. Además, el proceso de licitación lo impulsó el anterior Gobierno autonómico y, en este caso, "paralizar la contratación hubiera impedido cumplir el mandato legal del cobro del impuesto desde el 1 de enero". Así lo establece la Ley de Aguas y Ríos de Aragón, aunque desde el IAA aseguran que "se evaluará el funcionamiento del contrato, para adoptar las medidas más oportunas a futuro".