Con la investigación del caso saqueo, la causa principal de Plaza, encarando su recta final, la letrada de uno de los empresarios imputados en la causa, Miguel Cantero Molés, ha pedido al Juzgado de Instrucción número 1 en el que pide al juez Juan Ignacio Martínez que le levante los embargos de cuentas, las comparecencias quincenales y la retirada del pasaporte.
El escrito, aunque no lo exige expresamente, parece pedir la desimputación, al sostener que con lo avanzado de la instrucción "no hay pruebas".
La letrada Patricia Rodrigo afirma que el caso contra su cliente se basa en la declaración del también empresario Francisco Hernández Fuertes, condenado por secuestrar a Cantero Molés. La letrada indica que su presunta confesión de amaño conjunto de facturas para endosarlas a Plaza está llena de "falsedades" y contradicciones.
La única irregularidad sería haber girado la reforma del ático de Salou del exgerente García Becerril a la UTE Plaza, "privada", pero que la pasó a quien le dijeron. Y su beneficio rondó los 20.000 euros, irrelevantes, explica, en una causa de unos 150 millones de euros de desvío. Al empresario le llegaron a atribuir unos 400.000.
