Es un instrumento de disciplina presupuestaria impuesto desde el Estado central. Impide que el gasto público crezca anualmente por encima de la tasa de referencia del PIB a medio plazo. En el 2017, la referencia es el 2,1%. En el 2018, el 2,3%.

¿Para qué sirve esta regla de disciplina presupuestaria?

Para evitar que en época de fuerte crecimiento económico los gastos se disparen en paralelo, forzando luego a duros recortes cuando el ciclo económico baja, como ha sucedido en España. Solo es posible superar la regla de gasto si en paralelo se adoptan subidas de impuestos.

¿A qué administraciones obliga?

A todas las administraciones públicas, salvo a la Seguridad Social. Si una administración aumenta su gasto por encima de lo que establece la regla, Hacienda puede imponerle un plan de ajuste y puede llegar incluso a intervenir las cuentas municipales o autonómicas.

¿Cumple el Estado con la regla que exige a los demás?

Hasta ahora, no. Para haberla cumplido en el 2015 y el 2016 el gasto debería haber bajado, al menos, tanto como se bajaron los impuestos. En su defensa, Hacienda argumenta que el Estado se rige por el prodecimiento europeo de déficit excesivo (PDE).

¿Existe algo similar en otros países de la UE?

Sí. La Unión Europea (UE) vigila su cumplimiento en cada uno de los estados miembros. Pero la regla europea de gasto se entiende como una referencia a medio plazo, no como un límite anual cuyo incumplimiento conlleva sanción, como sucede España.