Los participantes en el Encuentro del Agua, celebrado este sábado en el Centro Cívico Delicias de Zaragoza, han dado a conocer la docena de conclusiones que han alcanzado en este encuentro estatal.

Entre los acuerdos más destacados alcanzados está el de promover un Acuerdo Social del Agua frente al cambio climático, que deberán firmar partidos políticos, movimientos, sindicatos y asociaciones ciudadanas, para lograr los profundos cambios necesarios, tanto en la planificación y gestión de las aguas, como en la gestión de los servicios de agua y saneamiento, para afrontar el cambio climático en coherencia con la Directiva Marco de Aguas y garantizar el derecho humano al agua potable y al saneamiento que exige Naciones Unidas.

El plazo que se han fijado para elaborar el texto, debatir, negociar y perfilar el texto final de este Acuerdo Social del Agua es de cuatro meses, para lo que se ha elaborado un borrador de contenidos a debate hasta llegar al texto final.

Estas jornadas nacieron como respuesta al Pacto Nacional del Agua planteado por el gobierno del PP, que supondrá el relanzamiento de sus proyectos trasvasistas, según indica Coagret en un comunicado.

El encuentro comenzó este viernes con un foro en la gestión pública del agua desde la transparencia y la participación ciudadana y ha concluido hoy con la elaboración de las conclusiones.

Entre otras cuestiones, el documento elaborado recoge en sus puntos asuntos como la inexistencia de cuencas "excedentarias" en las perspectivas vigentes de cambio climático y la insensatez que supone promover estrategias trasvasistas para paliar las sequías, en la medida que éstas son regionales y no locales.

La urgente necesidad de acabar con la sobreexplotación de ríos y acuíferos, garantizando los caudales ecológicos que exige la Directiva Marco de Aguas, y acabando con los cientos de miles de pozos ilegales, de forma que nuestros acuíferos puedan ser piezas estratégicas en la gestión de las sequías.

Además de denuncias como la mercantilización del agua, impuesta por sucesivos cambios legislativos, como base de la nueva estrategia trasvasista en curso, haciendo que el agua deje de ser un bien público para pasar a ser una mercancía.

Además apuntan a las políticas mercantililistas y privatizadoras del agua, presididas por los intereses de los grandes productores agroganaderos, especuladores urbanísticos, operadores multinacionales y grandes compañías hidroeléctricas, generan graves impactos sociales sobre los más vulnerables, tanto en explotaciones familiares agro-ganaderas, como sobre la ciudadanía en general, que hay que afrontar de forma decidida.

Por ello apuestan por promover nuevos modelos de producción de alimentos de calidad y mercados de cercanía, desde políticas que protejan la explotación familiar, la soberanía alimentaria y prácticas sostenibles socialmente justas, frente a los modelos dominantes de producción y comercialización de alimentos que hoy generan perspectivas de insostenibilidad ambiental y social aceleradas por el cambio climático.