El próximo martes, el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, se reunirá con los dirigentes de las comunidades autónomas en una nueva Conferencia de Presidentes, tras cinco años sin celebrarse esta cumbre, el máximo órgano de cooperación entre autonomías y Estado. De este modo, el Gobierno intenta recuperar la interlocución con las comunidades, prácticamente inexistente la pasada legislatura, y llevará en su agenda al menos diez propuestas de acuerdo para que esta legislatura, que se prevé complicada por las distintas mayorías existentes, pueda ser menos conflictiva en lo territorial, siempre con la perspectiva del pulso soberanista que tanto Cataluña como en menor medida el País Vasco, tienen en su agenda. Además, sus dos presidentes, Carles Puigdemont e Iñigo Urkullu ya han anunciado que no asistirán, dejando descafeinada una reunión que ya de por sí, en sus cinco ediciones anteriores, dio escasos resultados más allá de la positiva imagen de que se encuentren periódicamente los responsables de las administraciones españolas.

Pero algo está intentando cambiar en la política territorial del PP en los últimos tiempos. Aunque tímidamente, las posturas son menos rígidas que en tiempos de José María Aznar, Significativa fue la reflexión de Soraya Sáenz de Santamaría acerca de que tal vez su partido se equivocó recurriendo el Estatut catalán. Y no es casual que hayan tirado del talante del altoaragonés Roberto Bermúdez de Castro para ser el interlocutor principal entre el Estado y las comunidades.

Entre los asuntos que estarán encima de la mesa y sobre los que se buscarán difíciles acuerdos, están los que abordarán la ansiada reforma de la financiación autonómica y, de paso, la local. Este es el principal escollo de la legislatura y, sin embargo, es ineludible tratarlo. La habilidad del Estado será clave para que haya un acuerdo que concilie los intereses de todas las comunidades.

Hay interés en aprobar un gran acuerdo sobre la aplicación de la Ley de la Dependencia y otro sobre uno de los principales problemas de Aragón, el envejecimiento y la falla demográfica, para mantener una postura común ante la Unión Europea. También será de vital importancia el debate para crear una tarjeta de servicios públicos única que acabe con problemas puntuales cuando un ciudadano viaja a una comunidad que no es en la que reside y necesita determinados servicios.

También se hablará de Educación, en la búsqueda de ese ansiado pacto que nunca llega, y de pobreza energética. En este punto, el Gobierno hará sus aportaciones a lo que ya se empieza a poner en marcha en algunas comunidades autónomas.

El empleo y la relación entre las comunidades autónomas y las instituciones europeas así como los acuerdos en protección civil estarán también en el debate. Una discusión que comenzará a primera hora de la mañana del martes y que concluirá bien pasada la hora de comer. Está por ver cuántos de estos puntos pueden ser aprobados por unanimidad y servir como hoja de ruta estratégica para la legislatura. A tenor de los antecedentes, parece complicado.

El mapa político español es ahora, además, mucho más variado que en ediciones anteriores, con un Gobierno central dirigido por el PP que, sin embargo, está en minoría en las comunidades autónomas, muchas de ellas condicionadas además por las coaliciones con fuerzas como Podemos. Eso, sin duda, enriquecerá los debates al tiempo que dificultará o prolongará la llegada de acuerdos.

El presidente de Aragón, Javier Lambán, llega a la cita después de haber cumplido una ronda con todas las fuerzas políticas aragonesas y con los colectivos sociales, para conocer bien sus impresiones y trasladar, en la medida de lo posible, una voz única y común.

Aragón acudirá desde la absoluta lealtad institucional y con el interés de alcanzar grandes acuerdos, pero instará a Rajoy --que no ha recibido todavía como presidente a Lambán-- que el escenario realmente fructífero es la Comisión Bilateral. Y para ella, no hay fecha todavía.