Los entes locales de Aragón adoptaron acuerdos de gasto en contra de los reparos formulados por los interventores o sin su preceptiva fiscalización previa por 257 millones de euros entre el 2014 y el 2015, según el informe que presentó ayer la Cámara de Cuentas. La Cámara de Cuentas precisó en una nota de prensa que en el 2014 las autoridades locales aragonesas adoptaron 1.118 acuerdos que resolvieron discrepancias en contra del criterio del reparo de la intervención local por un importe total de 38 millones de euros, y al año siguiente, 741 acuerdos por 142 millones de euros.
Las principales modalidades de gasto a que se refieren tales acuerdos son personal, contratación y subvenciones y ayudas públicas, que son consideradas áreas de especial riesgo. El número de acuerdos tomados con omisión del trámite de fiscalización previa, siendo esta preceptiva, fue en el 2014 de 947 por un importe de 40 millones de euros, y en 2015, 1.038 acuerdos por 37 millones. La contratación fue la principal modalidad de gasto en cuya tramitación se omitió la preceptiva fiscalización previa.
Además, se han detectado anomalías en la gestión de los ingresos públicos en doce ayuntamientos y tres comarcas en el año 2014, y en nueve ayuntamientos y una comarca en 2015. Los principales ingresos sobre los que se han detectado anomalías son los impuestos locales, las tasas y los ingresos patrimoniales.
En otro capítulo se realiza un análisis más pormenorizado de los ayuntamientos con población superior a 20.000 habitantes (las tres capitales de provincia y Calatayud) y de las tres diputaciones provinciales. En cada una de estas siete entidades se detalla, en epígrafes separados, aspectos como la composición de la Intervención, la dotación de sus puestos de trabajo y forma de provisión, la regulación del ejercicio de las funciones de control interno fundamentalmente en las bases de ejecución del presupuesto.
