Las más de 50 organizaciones que integran la Red Aragonesa de Entidades Sociales para la inclusión urgieron ayer en la Comisión de Comparecencias Ciudadanas de las Cortes la aprobación de la ley de renta social básica «antes de que expire la legislatura».

Según comentaron los dos portavoces del colectivo, Daniel Gimeno y Francisco Galán, desde el año 2001 dicha institución busca conseguir una mejor integración de las políticas sociales, de empleo y económicas con el objeto de que estas respondan a las necesidades e intereses de las personas que viven en situación de pobreza y exclusión.

Galán dijo que la renta básica es una demanda social «después de que el Ingreso Aragonés de Inserción (IAI) se quedase escaso», dijo. «Es un derecho subjetivo, ajustado a los tiempos, pero la realidad sigue sin resolverse. Nos anunciaron una ley y todavía la estamos esperando», dijo el portavoz. Por su parte, Gimeno detalló que la Red Aragonesa de Entidades Sociales atendió, durante el 2017, a 212.000 personas. «Es una cifra muy importante y por la que hay una necesidad de buscar nuevas herramientas, como la ley de renta social básica, que se adapten a la realidad social», dijo.