Una vez iniciadas acciones en el ámbito jurisdiccional y político, el Gobierno de Aragón destacó ayer que es «imprescindible» crear un grupo de asesoramiento que permita «fundamentar las actuaciones en defensa de los mandatos estatutarios» y también analizar la repercusión de las actuaciones contenidas en el Plan de Gestión del Distrito de Cuenca Fluvial de Cataluña 2016-2021.
Este grupo, que se sumará a otros organismos públicos con competencias similares, informará de las autorizaciones o ejecuciones de infraestructuras hidráulicas que pudieran derivar en transferencias de aguas a otras cuencas hidrográficas y su afección a los derechos de los aragoneses en relación con el agua. Hasta ahora, las medidas que se consideran trasvasistas se han fundamentado en la orden del Ministerio de Medio Ambiente de 27 de octubre del 2010 que autorizó provisionalmente una transferencia entre cuencas y que se considera «caducada» desde la DGA.
El equipo también tendrá por objeto el seguimiento de las actuaciones del Ministerio de Agricultura , de la Confederación Hidrográfica del Ebro, de la Generalitat de Cataluña y de la Agencia Catalana del Agua que pudieran facilitar, directa o indirectamente, transferencias de aguas presentes o futuras de la cuenca del Ebro a las cuencas internas de Cataluña.
EL MEJOR MOMENTO
Por otro lado, el debate hídrico entre la DGA y el Gobierno de España tendrá que esperar una ocasión mejor. El consejero de Desarrollo Rural, Joaquín Olona, reconoció ayer que en su último encuentro con la ministra de Medio Ambiente, Isabel García Tejerina, no se abordó el problema de las cuencas internas por ser una cuestión «de gran trascendencia» que no debía ser mezclada con la reforma de la PAC que estaban abordando. «Consideró que no era el mejor momento», indicó.
