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Editorial.

Error en el tiro


22/03/2009

 

El consejero de Medio Ambiente del Gobierno de Aragón, Alfredo Boné, reaccionó ayer con extremada dureza y no menos nerviosismo a una información de este diario en la que se ponía de manifiesto que gran parte del interrogatorio policial al que fue sometido su escolta, Antonio Royo Velilla, detenido por presuntas implicaciones con la red de La Muela, se centró más en sus relaciones con el político del PAR que en los hechos por los que se le imputaba. Esta circunstancia desencadenó una denuncia en la Jefatura Superior de Policía y una queja ante el Colegio de Abogados por parte del letrado del escolta, José Antonio Ruiz Galbe, al entender que se obstaculizaba el derecho de defensa del arrestado. Ruiz Galbe consideró que su representado apenas fue preguntado por asuntos relacionados con sus posibles actuaciones delictivas y que, por el contrario, las agentes dedicaron buena parte del interrogatorio a interesarse por cuestiones relativas a una persona que ni siquiera se encuentra encartada en las diligencias. Una noticia tan objetiva --ahí están la denuncia policial y la queja profesional y, cuando se levante el secreto del sumario, será consultable la transcripción de los interrogatorios-- fue interpretada por Boné como un ataque periodístico tendencioso, sesgado, malintencionado, carente de rigor y ajeno al legítimo derecho a la información. El consejero, en nota de prensa colgada en la página web del Gobierno de Aragón, amenazaba además con todas las acciones legales a su alcance para defender su buen nombre. Es mucho suponer que porque unos policías pregunten a un escolta por su jefe, porque su abogado se enfade y porque un periódico lo cuente, la honorabilidad de Boné quede dañada y deba ser resarcida por vía punitiva contra un medio que se ha limitado a contar lo que ocurrió en el interrogatorio, sin emitir juicio de valor alguno. Puestos a defender la honorabilidad y el buen nombre de los políticos y de la política, haría bien el consejero y secretario general del PAR en preocuparse por lo realmente relevante. Como por ejemplo los hechos que hoy denunciamos en este periódico acerca de los desmanes económicos de un ayuntamiento, el de La Muela, gobernado por su partido. En sendos informes recientes, dos interventores de este municipio aseguran que se han cometido graves irregularidades, incluyendo prácticas que podrían generar una despatrimonialización del ayuntamiento por sus operaciones con la sociedad urbanística e incluso "un incumplimiento generalizado de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas". Eso sí que es un problema de interés general como para emitir una nota de reacción, y no que un diario dé fe pública de un hecho cierto como el que ha propiciado esta extemporánea reacción de Boné.

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