La comisión de investigación de Plaza terminó su trabajo. PP, CHA e IU coinciden en señalar a los responsables políticos del saqueo de 200 millones de euros de la sociedad. Son los socialistas Carlos Escó --exviceconsejero de Obras Públicas, y consejero delegado de la plataforma--, Javier Velasco, Alfonso Vicente --consejeros de Obras Públicas--, Alberto Larraz y Eduardo Bandrés --consejeros de Hacienda--. PSOE y PAR, que gobernaban durante los años en los que operaba la presunta trama, no ven responsabilidades políticas.
La comisión presentó ayer su dictamen, acompañado de las conclusiones referidas a la gestión de las empresas públicas. No hay un documento unitario para las responsabilidades políticas, solo los votos particulares, con sus argumentos, de todos los grupos. De los puntos en común se pueden interpretar, con nombres y apellidos, quiénes fueron los responsables políticos del saqueo. PP, CHA e IU coinciden en sus análisis y en sus derivadas. Los tres grupos presentan extensos y trabajados razonamientos.
OCULTAMIENTO
Los populares señalan a Carlos Escó como responsable político por su "proceder personalísimo", en una gestión basada en la "opacidad y oscurantismo", que evadió "todos los controles" y ocultó información. Javier Velasco no cumplió "la necesaria vigilancia" ni la "tutela" que correspondía a su cargo de consejero. Lo culpan de "no dar cuenta al consejo de administración" de los informes de control financiero y por tanto de "impedir el adecuado y deseable control político parlamentario. Los conservadores dudan de la gestión de Alfonso Vicente en su última etapa como responsable de Obras Públicas, por no "actuar con la celeridad que hubiese sido deseable para evitar" el saqueo. A Bandrés y Larraz les achaca "falta de ejercicio de la función y de control financiero".
CHA da por hecho que existen responsabilidades políticas y que las prácticas "irregulares impregnaron la ejecución del proyecto de manera reiterada". Culpa a Escó del "grave incumplimiento o cumplimiento defectuoso de las obligaciones que le correspondían", de modo que "no impidió la comisión de graves infracciones". Considera que Velasco y Vicente, como consejeros, debían de haber detectado las "irregularidades". Lo mismo que Larraz y Bandrés, dada su función "interventora" que requería "un plus de atención y dedicación" en la gestión de los fondos públicos. La formación amplía las responsabilidades al resto del Gobierno de Marcelino Iglesias.
PERMISIVIDAD
IU apunta hacia Velasco y Vicente al considerar que "permitieron, facilitaron o no atajaron las situaciones irregulares", pese a que eran puestas de manifiesto por "los diversos controles". Sobre Carlos Escó, este grupo dice que "su responsabilidad política es indisimulable" y que debería hacerse extensiva a quien lo propuso, lo nombró y permitió sus actividades". También constatan responsabilidades en el Gobierno en su conjunto, en los consejeros de administración y en el actual consejero de Obras Públicas, Rafael Fernández de Alarcón.
No lo ve así el PSOE, que en apenas cinco folios despacha sus votos particulares. Lo hace para justificar que "la gestión y el propio desarrollo del proyecto" exigieron "asumir riesgos a la hora de afrontar un nuevo escenario en su ejecución, con la presión de la urgencia marcada por el mercado". Los socialistas creen que hubo controles "más que suficientes", al igual que información, pese a reconocer que no se trasladaron los informes de fiscalización al consejo de administración. Concluyen que de la comisión no se derivan responsabilidades políticas. Curiosamente, sí las ven en el actual Gobierno por haber incumplido "en tiempo y forma" la obligación de presentar las alegaciones al Tribunal de Cuentas.
Aún más sucintos son los votos particulares del PAR. La formación dice que "objetivamente", y tras las 71 comparecencias, "no se derivan responsabilidades políticas", ya que todas las decisiones venían "avalados jurídica, técnica y económicamente".
El jueves de la próxima semana el dictamen y los votos particulares se discutirán en el pleno de las Cortes. Es previsible que CHA, IU y PP --que negociarán durante estos días-- se pongan de acuerdo y que las responsabilidades políticas recaigan en Escó, Velasco, Vicente, Larraz y Bandrés. El PSOE descartó ayer tomar medidas contra Velasco y Vicente, que son los únicos que aún son diputados.
