El próximo curso, la escolarización para alumnos con necesidades especiales en Aragón se incrementará, alrededor de un 50% con respecto a este año. Así, iniciarán su periodo escolar los 253 niños que actualmente están siendo atendidos por los equipos de Atención Temprana (menos de 2 años) frente a los 167 que empezaron el colegio en el 2016.

Según las cifras que expuso ayer la consejera de Educación, Mayte Pérez, durante la comisión del ramo en las Cortes, en situación temprana se atiende en Aragón a 175 menores en Zaragoza, 38 en Huesca y 40 en Teruel.

Pérez reconoció que, pese a que han mejorado los datos, queda «mucho por recorrer» para solucionar un problema que «nos afecta a todos como sistema». Así, en su comparecencia a petición del PAR para informar sobre la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA) sobre el reparto de alumnos con necesidades entre los centros, defendió la educación inclusiva para conseguir «el éxito de todos y cada uno de los alumnos» en la comunidad.

Con respecto a la sentencia, que anulaba la convocatoria de escolarización de los cursos 2011-2012 y 2012-2013 porque no fijaba un máximo de este tipo de alumnos, la consejera explicó el desistimiento al recurso presentado por el Gobierno anterior al entender que «la realidad imperaba a los propios intereses partidistas e ideológicos».

Pérez apuntó que el diagnóstico precoz se ha mejorado con la recuperación de los programas de atención temprana, suprimidos por el PP en la pasada legislatura. «Esto supone garantizar el derecho a la educación para todos los alumnos en situación de igualdad», reiteró.

Del mismo modo, indicó que el nuevo decreto de escolarización ya no contempla la omisión que motivó la sentencia del TSJA y que, de hecho, se han reducido ratios en centros con gran incidencia de alumnado con necesidades educativas especiales. «Tres de ellos (Fernando el Católico, Pío XII y Emilio Moreno Calvete) ya no han asumido más niños en esta situación por esta razón», precisó Pérez.

Diferencias

No obstante, la consejera reconoció que «la realidad» es que hay centros que tienen solo un 2% de estos alumnos mientras que otros «a dos calles» concentran un 30%. En este sentido, pidió el máximo acuerdo posible en este ámbito.

Por su parte, la diputada del PAR, María Herrero, rechazó que la solución sea «etiquetar» o «repartir» a los alumnos. La popular María José Ferrando descargó la responsabilidad del problema sobre anteriores Ejecutivos socialistas, ya que el que «era un problema local de la ciudad de Huesca se ha convertido en un autonómico».

Por Podemos, Erika Sanz apuntó que mientras se siga «sin ahondar en el problema seguirá habiendo segregación». La portavoz de Ciudadanos, Susana Gaspar, pidió ir «más allá» y buscar soluciones a través del diagnóstico precoz. Gregorio Briz (CHA) dijo que la DGA ha hecho «lo que tenía que hacer», mientras que Margarita Periz (PSOE) culpó de la situación al «empecinamiento» del anterior Ejecutivo.