El Estado no tiene duda alguna sobre la titularidad de La Seo, La Magdalena y Santiago Apóstol: son del Arzobispado de Zaragoza, mientras que San Juan de Los Panetes es de la Administración General del Estado. La dirección general de Patrimonio del Gobierno central ha cerrado los dos expedientes que abrió tras los acuerdos alcanzados por el Gobierno de Pedro Santisteve el 27 y el 31 de marzo del 2017 por los que solicitaba el inicio de un expediente de investigación para determinar la titularidad de los templos.

Los dos informes emitidos son claros y directos: «No existe duda legal alguna (...) sobre la titularidad dominical de los templos» por lo que «ninguno de los inmuebles reúne las características necesarias para ser considerado bien vacante».

ZeC se ha llevado una de cal y una de arena en su batalla por las inmatriculaciones. En mayo del año pasado, el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 5 suspendía cautelarmente los acuerdos de Gobierno, recurridos por al Arzobispado, al considerar que no existía «ni un solo razonamiento» para que ZeC iniciara un litigio por la propiedad de los templos. Según la magistrada, ni justificó debidamente los motivos y argumentos por los que quería recuperar su titularidad ni explicó los «posibles derechos» del ayuntamiento sobre los templos. Siete meses después, el Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA) levantaba esta medida.

INFORMES

Ahora, Patrimonio ha estimado que «no existe duda legal alguna sobre la titularidad dominical» de los cuatro templos. Concluye que la Administración General del Estado carece de indicio alguno que le permita ejercer acciones sobre el dominio de la catedral de San Salvador (La Seo), la iglesia parroquial de Santa María Magdalena y la iglesia de Santiago Apóstol, todas registradas en 1987 por el Arzobispado de Zaragoza. Respecto a San Juan de los Panetes, explica que la titularidad no resulta «inquietada ni discutida por nadie» y que no procede ejercitar ninguna acción dado que pertenece al Estado.

Por ello, archiva las acciones emprendidas desde el Gobierno de la ciudad que, aunque nunca cuestionó los usos ni la libertad de culto, sí lo hizo con su titularidad.

Desde el PP instaron al alcalde a que «desista de su absurdo empeño por expropiar los templos».