Aragón dejó de recibir 17.8 millones de euros del ministerio en el 2017 de lo que la comunidad sostiene que debería haber aportado el Estado en financiación para la dependencia. Esa cantidad, que hubiera permitido atender a 3.086 personas más y la creación de 486 empleos directos de nueva creación en el sistema, se suma al recorte aplicado desde Madrid y que alcanza los 100 millones de euros. Así lo expone el último dictamen del observatorio de la dependencia presentado en Madrid que muestra un balance de la aplicación de la ley a lo largo del año pasado.

Esa cantidad reclamada por Aragón corresponde a la supresión del nivel acordado y el recorte del mínimo (13%) aprobado por el decreto del 2012. Como sostiene la Administración autonómica, la financiación de la dependencia debería llevarse a cabo al 50% con el Estado. Sin embargo, en la actualidad el ministerio apenas aporta el 21% de la financiación pública, mientras que el Gobierno de Aragón asume el 79% restante.

En cualquier caso, la comunidad continuó el año pasado con la progresión experimentada desde el último cambio de Gobierno. De hecho, en el 2017 se atendieron a 25.617 dependientes, lo que supone la cifra más alta hasta ahora y un 21,8% de incremento respecto al año anterior que se traduce en 4.579 beneficiarios más. «Se recupera y superan los niveles de prestaciones y servicios de comienzos del 2011, cuando el sistema alcanzó su máximo desarrollo», indica el informe.

LIMBO // Además, como ya había anunciado el Departamento de Ciudadanía y Derechos Sociales del Gobierno aragonés, el denominado limbo de la dependencia (personas con derecho reconocido pero que no cobran prestación que les corresponde) se redujo el año pasado en 4.830 personas, lo que da continuidad a la mejoría registrada en los dos años anteriores y sitúa a Aragón, por primera vez desde el 2011, por debajo de la media estatal en lo que a tasa de desatención se refiere.

Aragón cerró el ejercicio con un saldo positivo de 4.731 nuevas prestaciones, con un aumento «notable» de actuaciones de prevención y promoción, pero el informe destaca que también en lo que a ayuda a domicilio se refiere, con casi un millar de nuevos servicios. Asimismo, las prestaciones económicas vinculadas a servicios y las administradas por cuidados en el entorno familiar también registran un aumento similar. En la actualidad, estas últimas representan el 47% de la cartera de servicios y prestaciones de dependencia en Aragón, lo que supone un 14% más que la media nacional. Las asignaciones vinculadas a servicios suponen el 21% del total, la atención en residencias el 15%, la ayuda a domicilio el 11% y los centros de día el 6%, según refleja el 18º dictamen del observatorio estatal de la dependencia.

El documento, además, expone que el sistema es capaz de generar unos retornos en Aragón de 54,6 millones de euros, provenientes de la cotización a la Seguridad Social, IRPF de los trabajadores o recaudación de IVA por los servicios prestados, con una tasa de recuperación del gasto público total del 35% del generado.

Por todo ello, la comunidad confirma su progresión en lo que a la aplicación de la ley de dependencia se refiere con el actual Ejecutivo. De hecho, Aragón ya no ocupa los últimos puestos en el ránking y ya tiene a seis comunidades por debajo. Aunque su puntuación sigue siendo baja (3,2), ha conseguido subir la del 2016 (2,5) y la del 2015, cuando tocó fondo con un 2,1 en el último lugar de la clasificación de autonomías.