El Gobierno de Pedro Sánchez está estudiando traspasar la competencias sobre los servicios de dependencia a los ayuntamientos, ahora en manos de las comunidades autónomas, como valora el Ministerio de Hacienda. Según adelantó ayer El País, la ministra del ramo, María Jesús Montero estudia eliminar algunos aspectos de la Ley de Racionalidad de la Administración Local para que puedan prestar más servicios sociales. Una medida que iría acompañada de mejoras en la financiación.
Desde el Gobierno de Aragón no valoraron la noticia, y confían en que este asunto se trate la semana que vienen en una reunión programada sobre Sanidad, Consumo y Bienestar Social en Madrid.
Sí que lo hicieron desde el Ayuntamiento de Zaragoza, donde la concejala de Derechos Sociales, Luisa Broto, explicó que a la espera de concoer el borrador de la propuesta, a priori «tampoco parece lógica la fragmentación en los municipios de un sistema como el de la dependencia, ya de por si fragmentado y con fuertes desigualdades entre las diferentes comunidades autónomas».
DEROGACIÓN
Reivindicó el papel de los ayuntamientos como administración «más cercana a los ciudadanos y como espacio prioritario en el que las consecuencias sociales de las necesidades sociales se presentan y deben resolverse», para lo que sería necesario, a su juicio, la derogación de la ley local, que «cercena la autonomía de los consistorios y establece importantes limitaciones para la atención de sus ciudadanos».
Broto explicó que las administraciones locales no tienen capacidad para atender nuevas competencias si no se garantiza una financiación adecuada y con carácter finalista.
El Gobierno Aragón y el ayuntamiento mantienen una estrecha relación en la gestión de prestaciones de la Dependencia, siempre financiado al 100% por el Ejecutivo autonómico, que es el que tienen las competencias.
El convenio de servicios sociales entre ambas administraciones asciende a 11,3 millones de euros. De estos, 5,1 corresponden a la encomienda de gestión por la prestación del servicio de ayuda a domicilio, que ahora también incluye a los dependientes de grado 1.
Fuera de Zaragoza, la DGA destina 2,4 millones a convenios con entidades locales no comarcalizadas, y 314.000 para el servicio de atención a la dependencia. En las comarcas y ayuntamientos de más de 20.000 habitantes, los convenios ascienden a 2,8 millones, y la encomienda del servicio de dependencia a 8,3. Por último, aquellos firmados con las diputaciones para la prestación del servicio de teleasistencia es de 385.239 euros, según los datos facilitados por la DGA.
En el caso de Zaragoza, el servicio ayuda a domicilio municipal atiende actualmente a 6.763 personas, de las que 1.405 son dependientes, un 21% del total. En los cinco primeros meses del año se han incorporado a este servicio 954 nuevas personas a esta prestación, de las que 786 corresponden al SAD preventivo y 168 al de Dependencia.
