Tras cuatro años de investigación, el titular del Juzgado de Instrucción número 9 de Zaragoza, Eduardo López Causapé, ha decidido procesar a diez personas por descapitalizar una cooperativa que promovía la construcción de 124 pisos en una parcela entre los barrios zaragozanos de Arcosur y Valdespartera. La estafa ascendería a unos 3,1 millones de euros.

El magistrado que estuvo al frente de la operación Burbuja, en colaboración con el Grupo de Blanqueo de Capitales del Cuerpo Nacional de Policía--, mantiene que existen suficientes indicios para enjuiciar "de todos los supuestos de estafa" a Antonio Jesús V. A., expresidente de 2005 Valdespartera; Julio P. M. y Carlos Gumersindo A. P., responsables de la gestora de la promoción; Fernando B. L., tesorero de la cooperativa, y Bárbara M. J., Ángel C. L., Tomás L. P., Ángel Tomás. T. M., Pedro G. C. y Julián S. G. profesionales e industriales de sociedades relacionadas con la actividad de los primeros. Tres de los ahora encausados ya fueron juzgados por un actuación similar, aunque con un empresario de Ejea de los Caballeros, en 2007.

Ha dado un plazo de cinco días a las acusaciones para que presenten sus escritos. Los últimos en pronunciarse antes del señalamiento del juicio serán las defensas, ejercidas por José Luis Melguizo y Óscar Ruiz-Galbe.

VÍCTIMAS

Una de las víctimas, asistida por el abogado Fernando Rodríguez, ya ha presentado su escrito en el que considera a los encartados como autores de un delito agravado de estafa, otro de apropiación indebida y uno de blanqueo de capitales. De hecho pide hasta 28 años de prisión y una responsabilidad civil de 3,5 millones de euros.

Los socios, que superaron el centenar, aportaron a la cooperativa unos 46.000 euros por cabeza. Sus pisos debían ser entregados en junio del 2011 --un bloque de 124 viviendas de protección oficial, de 90 metros con garaje, que iban a salir por menos de 150.000 euros--, pero siguen sin ser construidas.

Este letrado considera que los procesados dejaron la cooperativa completamente descapitalizada mediante sucesivas contrataciones y pagos de toda índole, todos ellos de carácter fraudulento. Por ejemplo, supuestamente, hubo más de 200.000 euros en comisiones de intermediación por la compra de los suelos que fueron a parar a sociedades controladas por algunos de los sospechosos, hasta tres empresas fueron contratadas para un mismo trabajo.

Recuerda que la víctima a la que asiste "se sentía engañado y estafado" por lo que procedió a solicitar información al Ayuntamiento de Zaragoza. En la sección de Urbanismo le indicaron que las licencias relativas a la cooperativa "únicamente están solicitadas, que no habían sido concedidas porque se habían comunicado a la cooperativa varias irregularidades".

Asimismo, en el Registro de la Propiedad de Zaragoza le informan que las titularidades de las parcelas E13.1 y E13.2 en las que se iba a construir la promoción y que supuestamente debía haber comprado la cooperativa, pertenecen a dos sociedades anónimas distintas.