Devolver los 11.000 euros que estafaron a una discapacitada les ha evitado a cuatro jóvenes zaragozanos una condena de hasta seis años de prisión que solicitaba la Fiscalía. Incluso la acusación particular, realizada por el abogado Francisco Javier Bellot, decidió retirarse en el último momento. Finalmente, la Audiencia de Zaragoza les ha impuesto un año de cárcel y el pago de una multa de 1.080 euros cada uno.
De este modo, quedó probado que María Giménez, Alejandro Curto, José María Giménez y Raquel Pérez se aprovecharon dela imputabilidad completa excluida por retraso mental de otra joven para que contratara líneas telefónicas y percibir así cuatro móviles de alta gama. Según la acusación pública, una de las acusadas, María Giménez logró que la víctima le hiciera varias transferencias de dinero.
Los hechos se remontan a abril del 2015 cuando los acusados, «guiados por el firme propósito de obtener un lucro económico», convencieron a una amiga de María Giménez. que presentaba retraso mental, para viajar a Zaragoza y contratar dos líneas telefónicas que implican la adquisición de dos móviles de alta gama valorados en 1.278 euros, domiciliando su entrega en casa de los encausados José María Giménez y Raquel Pérez.
La misma operación realizaron en fechas posteriores con otra compañía telefónica, adquirieron otros dos móviles de alta gama por valor de 674,76 y 579 euros, respectivamente. Además, María Giménez, sabiendo que la madre de su amiga le había ingresado 9.475 euros, la convenció para que hiciera tres extracciones por importe de 2.000 euros, en total. «Cantidades que hizo suyas», tal y como destacó la Fiscalía. También consiguió que su amiga le transfiriera 7.417,08 euros a su cuenta, desde la que hizo varias extracciones.
ANTECEDENTES / Una de las acusadas, Raquel Pérez, volvió ayer a ser juzgada, un día después de que el mismo tribunal le impusiera ocho meses de prisión por un delito de falsificación en documento mercantil. Fue condenada junto a un hombre que utilizó el dinero de una cuenta corriente que compartía con su esposa para financiar una operación de cirugía estética de otra mujer con la que tenía una deuda.
Los magistrados señalan que Raquel Pérez se benefició del préstamo contratado al considerar que fue ella quien falseó directamente la documentación requerida para suscribir el préstamo, con la cooperación necesaria del acusado. El hombre le facilitó los datos personales de su mujer y de la cuenta corriente que tenían en común para que pudiera suscribir un crédito de unos 7.700 euros para financiar la intervención quirúrgica.
