El pleno de las Cortes aprobó ayer por unanimidad una proposición no de ley, presentada por el PAR, en el que se pide al gobierno que realice un estudio que analice el coste y los beneficios de la implantación de un sistema de recogida selectiva de bioresiduos. Este estudio se debe realizar en colaboración con los consorcios encargados de la retirada para impulsar la separación de la fracción orgánica y cumplir así la directiva europea que determina el proceso.
