El funcionamiento, organización, utilidad e idoneidad de la escuela concertada viene suponiendo un motivo de enfrentamiento político desde hace años. Los contendientes se dividen entre los que recuerdan que este tipo de sector nació para cubrir demanda donde no hay suficientes plazas públicas y los que imponen, por encima de todo, la libre elección de centro de las familias.

En Aragón, el 60% de los alumnos acuden a un centro público y el resto lo hace en la concertada -salvo un pequeño porcentaje escolarizado en la privada-. Actualmente, hay 109 centros concertados (incluye diferentes etapas educativas entre las que también está la FP). El 85% está en Zaragoza capital. El presupuesto de cada uno de ellos -los centros concertados son sostenidos por la DGA, aunque fuentes de la concertada sostienen que no al 100% sino en torno al 80%-depende del número de unidades concertadas. La DGA acaba de anunciar que obligará a estos centros a realizar una declaración jurada por la que se comprometerán tanto a reservar plazas para alumnos con necesidades especiales como a no cobrar cuotas a las familias, sin duda, uno de los aspectos más polémicos que rodea a este sector.

Cuando el número de alumnos baja y no da para mantener abierta esa unidad, el servicio de inspección educativa informa y se resuelve lo que se denomina expediente de aulas vacías. Desde julio del 2015 se han suprimido 17 aulas concertadas por falta de alumnado de distintas etapas mientras que se han abierto 65 clases en la escuela pública.

En la pasada legislatura, el alumnado total descendió del 12% al 20% según la zona educativa, lo que obligó a la Administración a reducir aulas, pero el Gobierno de Aragón ha venido recordando estos días que este descenso solo repercutió en la pública, donde se cerraron 30 aulas de 1º de Infantil. Por contra, no se suprimió ninguna en la concertada.

Según figura en el Boletín Oficial de España (BOE), un aula concertada supone un coste para las arcas autonómicas de algo más de 37.000 euros al año. Un informe del sindicato aragonés CGT advierte de que 41 de estas clases en Zaragoza no deberían renovar su concierto porque son innecesarias al disponer de demanda en la pública. El colectivo indica que solo el primer año se podría ahorrar algo más de 820.000 euros si se adoptase esa medida.