La Comisión Europea ha pedido explicaciones al Gobierno de España después de emitir un demoledor informe de 32 páginas en el que cuestiona lo procedimientos que se siguieron para autorizar el proyecto del embalse de Biscarrués. Antes de que la Comisión pueda emitir un dictamen, España tendrá dos meses para atender a los requerimientos de la institución europea, que apunta a incumplimientos de varias normativas europeas de obligado cumplimiento, sobre todo en lo relativo a la declaración de impacto ambiental.
Las 32 páginas son un rosario de reproches al proceder del Gobierno español cuando sacó adelante este compromiso político defendido por los regantes del Alto Aragón y que cuenta con la frontal oposición de los habitantes de la Galliguera. Fuentes de Medio Ambiente indicaron que el proyecto cumple con los requisitos, se enviará la información que se precise y que determinadas precisiones emitidas por Bruselas pueden corregirse durante las obras de esta gran infraestructura hidráulica.
Pero el informe de la comisión no deja lugar a las dudas. Así, considera que la información "incompleta y contradictoria" sobre la evaluación de los posibles efectos del proyecto sobre la calidad de las masas de agua generan "incertidumbre" y que las autoridades españolas "deberían haber adoptado un criterio de precaución y llevado a cabo todos lo estudios y evaluaciones necesarios antes de decidir acerca de la compatibilidad del proyecto con la directiva". Pero el documento indica que, "hicieron lo contrario", sin completar "las evaluaciones necesarias para determinar si el proyecto pondría en peligro los objetivos medioambientales de la Directiva".
FALTA DE ESFUERZO
A juicio de las autoridades europeas, el Gobierno español presentó "informaciones confusa y contradictoria" y no han hecho "un auténtico esfuerzo" por atenerse a las obligaciones de diversos artículos de la Directiva comunitaria. Según el informe, no se tienen en cuenta los requisitos para determinar la modificación sustancial de las masas de agua que supone la creación de un embalse de estas características, ni tampoco se pone en consideración el hecho de que estas masas deben cumplir con unos determinados parámetros de calidad ecológica.
IMPACTO POTENCIAL
En otra parte del documento, los redactores del informe señalan que "hasta el momento no se ha llevado a cabo una evaluación adecuada del impacto potencial sobre todos los indicadores de calidad comprendidos en la valoración del estado ecológico" y recalca "la situación de incertidumbre en la evaluación del estado ecológico, así como las características del embalse, hechos que requerirían la adopción de criterios de precaución a la hora de evaluar su impacto potencial". Este impacto es concretamente el de una presa de 45 metros de altura que "siempre romperá la continuidad del río y afectará sensiblemente a su ecología" y un embalse de 14 kilómetros de longitud que "cambiará significativamente la ecología del río, que pasará de ser un sistema de agua corriente a ser un depósito".
A su vez, la comisión "considera que una simple referencia a la declaración de interés general y a los planes hidrológicos anteriores a la Directiva no es suficiente para demostrar que el proyecto sea de interés público superior" y considera que no basta con incluir este embalse en un largo listado de obras incluidas ocho años antes de la publicación de la normativa comunitaria. Por este motivo y otros que también analiza, cuestiona que se declare de interés público superior sin tener un plan estratégico sobre la necesidad del proyecto.
