L a Sección Primera de la Audiencia de Zaragoza condenó ayer a Antonio Asín, exalcalde socialista de Mallén, y a Pedro Rueda, exsecretario de su ayuntamiento, a seis meses de suspensión de empleo o cargo público como responsables de un delito de falsedad cometido por funcionario público. Asín ya fue condenado en el 2014 a siete años de inhabilitación por prevaricación.

El exregidor y Rueda comparecieron acusados de falsear las actas de la Sociedad Urbanística Municipal de Mallén (SUMM) correspondientes a cinco ejercicios entre el 2008 y del 2012, pero la sentencia solo les condena por una de ellas y, además, explica que la modificación tuvo «escasa trascendencia en el tráfico jurídico». Asimismo, se considera acreditado que las cuentas coincidían con la realidad contable y que carecían de defectos en su formulación.

En las cuatro actas restantes se da una situación distinta. En una de ellas, relativa al 2011, no se aprecia la existencia de falsedad «dada la nula trascendencia que tuvo la falsedad». En otra, la del 2010, el fallo sostiene que era conforme a la realidad.

Y respecto a las certificaciones del 2008 y del 2009, la sala estima que no entran en el delito de falsedad cometido por funcionario al haber prescrito las responsabilidades penales.

El tribunal señala que, en varios de los delitos imputados, los acusados «eran conscientes de la falsedad de lo certificado». De hecho, hacían constar reuniones de la junta general que aún no se habían celebrado ni se habían aprobado las cuentas por ese órgano.

Fue precisamente una concejala popular de la corporación de Mallén, Marta Pardo, la que descubrió que las actas se hacían pasar como si estuvieran con todos los requisitos. Primero lo detectó en relación con las cuentas del 2011 y posteriormente siguió investigando y halló más posibles irregularidades en otros ejercicios.

La línea de la defensa, ejercida por el letrado Enrique Trebolle, se centró en demostrar que las supuestas falsedades habían prescrito y en que no se había ocasionado daño alguno a terceras al responder las cuentas de la sociedad a la realidad contable de la misma.

El acusador particular José María Viladés. que intervino en nombre del Partido Popular, mantuvo que los acusados dieron por válidos unos documentos en los que existían datos que no eran ciertos, como la celebración de las reuniones en que se debatían.

Por su parte, Antonio Asín manifestó durante la vista oral, celebrada en la Audiencia de Zaragoza el pasado 18 de septiembre, que los errores denunciados eran subsanables. Asimismo, declaró que todas las cuentas se formulaban ante el consejo de administración y se entregaban a la gestoría que llevaba los asuntos del ayuntamiento.

«Para mí lo importante era que las cuentas reflejaran la situación del momento, pues yo me dedicaba a labores municipales», subrayó Asín al ser interrogado por el ministerio fiscal durante la vista oral.