Los exalcaldes de Teruel, Miguel Ferrer (PAR), y Lucía Gómez (PSOE), han defendido "tranquilos" ante el juez su actuación cuando estaban al frente del Ayuntamiento de Teruel en relación con el conflicto urbanístico del barrio de Pomecia, según han dicho a los periodistas a las puertas del Juzgado.
Ambos han acudido hoy a declarar en calidad de investigados ante el titular del Juzgado de Instrucción nº1 de Teruel que instruye la causa que investiga a varios cargos y técnicos, acusados de prevaricación y malversación de caudales públicos en el barrio de Pomecia de Teruel.
Tras varias suspensiones obligadas por asuntos familiares de uno de los letrados, hoy se han retomado las declaraciones que comenzaron el pasado 20 de febrero, cuando solo pudo declarar el exalcalde Manuel Blasco (PP).
El caso investiga la actuación de dirigentes políticos y técnicos en relación con el asentamiento de viviendas irregulares del barrio de Pomecia, después de que la titular de los terrenos, Isabel Gorbe, presentara una denuncia ante la Fiscalía General del Estado, después de varios años enfrentándose al Ayuntamiento por la vía contenciosa.
El primero en acudir hoy al juzgado ha sido Miguel Ferrer, que al salir no ha querido hacer declaraciones y al entrar ha dicho solamente que estaba tranquilo y se ha remitido a las declaraciones que hizo a los periodistas la primera vez que acudió al juzgado cuando tuvieron que suspenderse las declaraciones.
Entonces defendió la complejidad del caso y la buena voluntad de los regidores públicos a la hora de actuar, así como el convencimiento de que era necesario un acuerdo de todos los representantes políticos para encontrar una solución.
Por su parte, la exalcaldesa socialista Lucía Gómez sí que ha atendido a los periodistas y ha dicho que ha contestado a todas las preguntas del juez con tranquilidad y haciendo un esfuerzo para recordar unos hechos de los que hace más de diez años.
Antes de entrar ha apuntado que "en ningún momento se obró intentando perjudicar los intereses de la señora Isabel Gorbe ni se actuó por interés personal".
Ha dicho además que la situación del barrio de Pomecia se remonta a varias décadas atrás y que cree que ninguna de las corporaciones ha querido perjudicar los intereses de los propietarios, entre otras cosas porque fueron ellos los que inicialmente cedieron terrenos.
Cree que todos han actuado con la intención de "atender los intereses de la ciudad y de los distintos barrios", y cree que se debe debatir a nivel político cuál es la mejor solución para el conflicto urbanístico.
A lo largo de hoy estaban llamados a declarar también en calidad de investigados, el exconcejal de urbanismo del Ayuntamiento, Jesús Fuertes,(PP); el exgerente de Urbanismo del Ayuntamiento de Teruel y Jesús Ángel Conesa, técnico municipal.
Tras ellos, deben declarar como testigos el Intentedente Jefe de la Policía Local de Teruel, Santiago Hernández; y Javier Velasco, exalcalde de Teruel y consejero de Obras Públicas Urbanismo y Transportes del Gobierno de Aragón en el periodo 1999-2007, así como el arquitecto Alejandro Cañadas; Nayibe Flórez, de la mercantil IDOM, encargada de la revisión del Plan General de Ordenación Urbana de Teruel; y José Polo Úbeda, representante de la Asociación de Vecinos del Barrio de San Julián y miembro fundador de la Fundación Ollerías Siglo XXI.
