Los examinadores de tráfico han decidido alargar hasta final de año la huelga que iniciaron el pasado junio y que solo interrumpieron durante el mes de agosto. El objetivo es conseguir que la Dirección General de Tráfico (DGT) les abone un complemento mensual de unos 250 euros que, según los afectados, se pactó en el año 2015.
Los paros se realizan los lunes, martes y miércoles, mientras que los jueves y viernes se siguen realizando exámenes con cierta normalidad. Esta situación ha provocado que, solo en la provincia de Zaragoza, haya en torno a 3.600 alumnos de autoescuela que no han podido realizar la prueba práctica de conducción desde el pasado mes de junio, según señaló ayer Sergio Olivera, responsable de la asociación provincial de centros de enseñanza para la obtención del permiso.
«Acumulamos un mes y medio de retraso y aproximadamente cada día de huelga se quedan cien alumnos sin poderse examinar», explicó Olivera, que indicó que esta situación está suponiendo unas grandes pérdidas para las autoescuelas. «Hay personas que no se apuntan a las clases porque saben que tardarán mucho en examinarse», aseguró.
Los más perjudicados, continuó, son los alumnos que necesitan el carnet de conducir como requisito imprescindible para conseguir un puesto de trabajo o para poder tomar parte en unas oposiciones.
CALLEJÓN SIN SALIDA // La prolongación de la huelga, que ya tuvo un antecedente en el 2015, ha acabado afectando a sus propios protagonistas. De hecho, fuentes de Asextra, la entidad que agrupa a los examinadores, reconocieron que, en el caso de Zaragoza, dos de los 15 profesionales existentes en la provincia han dejado de participar en los paros y examinan todos los días de la semana. «Pocos trabajadores pueden resistir un huelga que lleva ya en marcha tres meses», indicaron fuentes de las autoescuelas aragonesas.
Además, el conflicto parece haber llegado a un callejón sin salida. Por un lado, la Dirección General de Tráfico mantiene que no tiene competencias para subir los sueldos de los huelguistas y, por otro, el Ministerio de Hacienda se niega a hacerlo alegando que la subida acabaría afectando negativamente a otros funcionarios.
«Nosotros dependemos del Ministerio del Interior y ahora, con el conflicto de Cataluña, toda la atención está puesta en lo que pasa en esa comunidad, de forma que nuestro problema ha pasado a un segundo plano», manifestó ayer un examinador que ejerce su labor en la provincia de Zaragoza.
