El Ministerio de Cultura obligó ayer al letrado de la Generalitat a renunciar a la defensa del exconsejero de Cultura Santi Vila en la causa penal abierta en los juzgados de Huesca por su negativa a devolver a Aragón la parte de los bienes el monasterio de Villanueva de Sijena que estaban depositados en el museo de Lérida.
Esta designación, hecha por la secretaria del departamento de Cultura de la Generalitat, Dolores Portús, fue recurrida por el representante legal del consistorio monegrino, Jorge Español, al entender que un letrado del Gobierno catalán no puede defender a un exconsejero en delitos contra la administración de justicia.
La causa penal abierta en el Juzgado de Instrucción número 3 de Huesca, instada por Villanueva y a la que se ha adherido la Fiscalía, mantiene como investigados a Santi Vila y a su sucesor en el cargo, Lluís Puig, por presuntos delitos de desobediencia y prevaricación administrativa.
La decisión de renunciar a la defensa de Vila fue comunicada ya al juzgado oscense a través de un escrito firmado por el letrado de la Generalitat en el que defiende su nombramiento pero rechaza al tiempo ejercer dicha responsabilidad para lograr que el exconsejero catalán disponga de una defensa que no pueda ser recurrida.
Por el momento, y tras la decisión amparada por el Gobierno, el letrado del municipio ha solicitado deducir testimonio para instar que Portús declare como investigada por un presunto delito de prevaricación, decisión que respalda la fiscalía oscense.
puig, fugado / Santi Vila deberá comparecer el 25 de abril como investigado ante el órgano instructor oscense con un abogado privado para ejercer su defensa. El fiscal jefe de Huesca, Juan Baratech, en su escrito de adhesión al recurso del consistorio, reclamó que se nombre una comisión rogatoria para solicitar la declaración de Lluís Puig en su actual residencia en Bélgica. Petición que formula «dado que el investigado se encuentra fugado, huido de la justicia española por otras causas, y es pública y notoria su actitud de incomparecencia a los llamamientos judiciales a practicar en territorio español».
El responsable del ministerio público fundamenta su petición en los tratados de cooperación que no solo plantean facilitar la extradición sino que «impone una obligación genérica de cooperar de manera efectiva».
