La connivencia entre el exgerente de Plaza, Ricardo García Becerril, y el responsable de la UTE Acciona-MLN, José María Jordán, llegó al extremo de firmar un pacto con el que justificar los sobrecostes en las obras de urbanización de la Plataforma Logística de Zaragoza. Un acuerdo negociado del que nada sabía el consejo de administración de esta sociedad, que era el encargado de hacer las contrataciones. La malversación ascendería a más de 80 millones de euros.

Así lo revela el informe realizado por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional en el que se asevera con rotundidad que "hubo posición de poder por parte de la UTE liderada por Acciona y subordinación a la misma por parte de la propiedad".

El documento tiene fecha de 24 de septiembre del 2004, un año después de que Acciona-MLN ganara el concurso para realizar la segunda fase. Según la Policía, tal y como publicó EL PERIÓDICO, Plaza lo amañó, tras así solicitarlo desde el Gobierno del PSOE-PAR.

Entre los proyectos destacan la ejecución de una balsa de agua, la explanación de tierra para la zona del parque lineal o un proyecto de drenaje de aguas pluviales.

AVAL

Aunque era un pacto entre dos, vino avalado por el director técnico de la UTE, Miguel Ángel Pérez Cervantes, también imputado en esta causa. En un correo enviado a Ricardo García Becerril también sacó a la luz que la UTE presentó una partida para imprevistos de 1 millón de euros, si bien desde Intecsa-Inarsa señalaron con otros precios de mercado que esta bolsa era de unos 6 millones de euros.

Abiertamente le dice al exgerente que "se le está dando a la UTE (en parte a cambio de otras cosas) la cantidad de 2,5 millones de euros solo por este punto".

Dentro de esta dinámica, los investigadores anticorrupción entienden la adjudicación directa de la zona del parque lineal que estaba previsto en 8,7 millones más IVA y que acabó en 14 millones.

Para lograr todo ello, la Policía no duda de que el imputado Nicolás Groeeneveld, a través de Intecsa-Inarsa hubo consejos para intentar dar apariencia de legalidad a las obras que se iban a cometer.