El colectivo de afectados por la oposición de auxiliares administrativos del Gobierno de Aragón ha puesto de manifiesto ante las Cortes de Aragón las "irregularidades graves" que se han producido en el proceso y han exigido que se cubran las 133 plazas convocadas.

En su comparecencia ante la Comisión de Peticiones Ciudadanas, representantes del colectivo han explicado que el primero de los exámenes del proceso selectivo, que se desarrolló el 19 de junio de 2016 y al que se presentaron 5.000 personas, adolecía de "un nivel mayor al anunciado"

Tras el examen, algunos de ellos hablaron de preguntas mal formuladas, cuestiones que no se ajustaban al temario, tiempo insuficiente para realizar el ejercicio, excesiva penalización y errores de procedimiento.

En los resultados del primer ejercicio de oposición se publicaron 379 aprobados, personas que empezaron a preparar el siguiente ejercicio, "pero tras cuatro meses, en octubre, un nuevo criterio de corrección dejó fuera al 90% de ellos", han detallado.

"Tras casi cuatro meses dedicados a un segundo examen, ilusionados por un trabajo indefinido nos dicen que tan solo aprueban 32 personas, desde ese momento nace este grupo formado por cientos de familias", ha afirmado Yolanda Fernández, una de las afectadas.

Esta afectada ha dicho también que piensan que "es pretensión de la administración no cubrir las plazas, ya que la convocatoria no se realizó 'motu propio', sino por sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Aragón".

Han asegurado, además, que sienten "impotencia y rabia" y que, hasta ahora, no han sido recibidos por el consejero de Hacienda y Administración Pública del Gobierno de Aragón, Fernando Gimeno.

El diputado del PP Fernando Galve ha considerado el proceso "un despropósito y una chapuza" y ha lamentado que los opositores no sepan lo que va a pasar, "pese al esfuerzo y dinero empleado", por lo que ha pedido al Gobierno de Aragón que "lo solucione con legalidad y alguien asuma responsabilidades".

Desde el PSOE, Herminio Sancho ha definido la situación actual como "un callejón de salida", que debe resolverse "legalmente y cuanto antes", mientras que Marta Prades, de Podemos, ha lamentado que el ejecutivo haya dejado "colgadas" a personas que "sólo están defendiendo su puesto de trabajo".

Para Lucía Guillén, del PAR, una prueba que concluye con 32 aprobados sobre unos 4.500 presentados es "algo inaudito y difícil de comprender".

El diputado de Ciudadanos Aragón Jesús Sansó ha precisado que el hecho de que el tribunal en bloque renuncie "es señal inequívoca de que las cosas se están haciendo mal", mientras que por el Grupo Mixto Gregorio Briz (CHA) ha defendido que el gobierno quiere sacar "el mayor número de plazas posibles", y ha dicho que si el conflicto se enquista en los tribunales no se llegará a solucionarlo.