Las exigencias impuestas, desde hace dos años, por el Gobierno de Aragón a las residencias de ancianos han llevado al cierre de 20 centros que no han podido adaptarse a la nueva normativa para recibir la autorización del Departamento de Ciudadanía y Derechos Sociales. La actividad inspectora ha supuesto, durante el último mes, el cierre de tres residencias que no cumplieron las prescripciones del plan de regularización iniciado en el 2016. Todas ellas se encontraban en Utebo y no podían adaptarse a la normativa en materia de incendios, evacuación y medidas de seguridad de las instalaciones.
Además, también se encuentran en tramitación cuatro expedientes que pueden dar lugar a una resolución acordando el cierre del establecimiento, a expensas de las alegaciones y de las acciones que puedan proponer los titulares.
El objetivo de la acción inspectora, además de verificar el cumplimiento de las normas, es, según apuntaron desde la Administración, «avanzar en la calidad y la correcta atención de los ciudadanos que reciben estos servicios».
En este sentido, el departamento puso en marcha un nuevo plan de inspección para las residencias de mayores para el periodo 2016-2018 en el que se actúa de forma conjunta con las inspecciones de Consumo, Farmacia y Salud Pública.
El objetivo es «comprobar el cumplimiento por parte de los centros de las condiciones mínimas funcionales y materiales que deben cumplir este tipo de establecimientos». Entre otras cuestiones, se supervisa el uso racional y supervisado de las sujeciones físicas y farmacológicas.
El plan comenzó una vez realizadas actuaciones de urgencia tras el incendio, en julio del 2015, en una residencia de la localidad zaragozana de Cuarte de Huerva que costó la vida a ocho ancianos.
