María del Carmen Amador, la exnotaria interdiocesana que denunció ser espiada por el arzobispo de Zaragoza, ha solicitado la nulidad de actuaciones de este asunto judicial, después de que la Audiencia Provincial de Zaragoza anulara la investigación realizada por el Juzgado de Instrucción número 11 de la capital aragonesa al considerar que «no hubo delito» en la actuación del prelado, ni tampoco de las personas que le ayudaron a ello, el económo diocesano, Ernesto Meléndez, y del informático Jorge Pina Gregorio.

Según fuentes jurídicas consultadas, este recurso se interpone ante la misma sala del tribunal provincial que archivó el caso por entenderse que los magistrados firmantes de este auto -que inicialmente es firme- han podido vulnerar con su decisión alguno de los derechos fundamentales amparados por la Carta Magna. De hecho, es el paso previo que marca el Tribunal Constitucional para que esta jurisdicción asuma el asunto.

Estas mismas fuentes justifican el recurso aduciendo parcialidad en la decisión de la Sección Sexta de la Audiencia de Zaragoza, además del «error» cometido al analizar la causa, ya que «consideran que Amador hizo un mal uso de su ordenador de trabajo al realizar filtraciones a periodistas, a través del mismo, cuando lo que en realidad se trata de una copia involuntaria de las conversaciones de Whatsapp realizadas en su teléfono privado al cargarlo al ordenador, opción contemplada en su modelo de iPhone». También señalan estas fuentes que en la investigación llevada a cabo por el juez instructor, avalada por la Fiscalía Provincial, «nunca se trató la filtración de procedimientos canónicos, tal y como asegura la Sección Sexta de la Audiencia de Zaragoza».

Este anuncio se produce al día siguiente de que el arzobipado reconociera que están estudiando denunciar penalmente a la exnotaria por atentar contra el honor del titular de la Iglesia zaragozana, Vicente Jiménez. Desde esta institución religiosa lamentaron el «daño ocasionado a la figura del arzobispo y a la diócesis en general». Apoyados por el auto, afirmaron que el despido fue «moralmente procedente».