La maquinaria judicial comenzó ayer a rodar en lo que respecta al supuesto caso de espionaje vivido en el seno del Juzgado Interdiocesano de Zaragoza, después de que su exnotaria y quien fuera el juez del mismo, María del Carmen Amador y Roberto Ferrer, ratificaran ante el juez instructor la denuncia que investigó la Unidad de Delitos Tecnológicos de la Policía.

Ambos se erigieron como víctimas, durante la declaración que prestaron ante el titular del Juzgado de Instrucción número 11 de Zaragoza, Luis Eduardo Ariste. Según fuentes judiciales consultadas, lamentaron que conversaciones privadas que habían mantenido en sus teléfonos personales, a través de la aplicación Whatsapp, no solo fueron leídos por terceras personas, sino que fueron utilizadas en una denuncia canónica que abrió contra ellos el arzobispo de Zaragoza, Vicente Jiménez, por, entre otras cuestiones, difamar a la Iglesia zaragozana al criticar la gestión tanto de Jiménez como de su antecesor Manuel Ureña, que abandonó el prelado en medio de la polémica. Dicha investigación interna está actualmente en manos de la Signatura Apostólica.

El arzobispado habría tenido acceso a estas conversaciones, después de que el móvil de la exnotaria descargara su memoria en el ordenador donde lo cargaba.

Ahora, el juez deberá decidir si el arzobispo y el ecónomo, Ernesto Meléndez, imputados en esta causa, tendrán que ir a declarar, tal y como adelantó EL PERIÓDICO. Pidieron no tener que hacerlo, por las consecuencias negativas al cargo que ocupa .