Exdirigentes de la extinta empresa pública Sodemasa, creada en el 2003 por el Gobierno PSOE-PAR para prestar servicios a la consejería de Medio Ambiente de la DGA, defendieron ayer su papel en la gestión del Plan Aragonés de Saneamiento y Depuración por entender que su estructura jurídica proporcionó mayor agilidad y rapidez a las actuaciones exigidas para cumplir con las obligaciones europeas en esta materia. Así lo indicaron ante la comisión parlamentaria de investigación que pretende determinar, en su caso, las supuestas responsabilidades políticas en este plan de depuración.

El director gerente de Sodemasa desde su creación a su disolución, Jesús Jiménez Muniesa, defendió la «idoneidad» de la decisión, que por otro lado no fue suya, porque suponía una ejecución más rápida y porque las posibilidades de incorporar al personal necesario para llevar a cabo los trabajos eran más sencillas que si las contrataciones las tuviera que hacer directamente la administración. Los gerentes de dos de las empresas adjudicatarias, Domingo Montserrat (Ingenieros y Arquitectos Valle del Ebro) y Rafael Fernández de Alarcón (Idom Zaragoza) señalaron que se exigían estrictas condiciones y se tenían que realizar múltiples mediciones y estudios geotécnicos. De hecho, según Alarcón, en los pliegos del contrato se exigía la participación de ocho o diez técnicos pero en Idom llegaron a trabajar en este anteproyecto hasta 25, para redactar un proyecto «bastante detallado y trabajado».

Marcelo Martín, jefe de proyectos de la empresa pública, insistió en que el plan no fue un fracaso, pero que la crisis, a partir del 2008 hicieron que las empresas adjudicatarias de la construcción «vieran mermadas sus posibilidades de financiación», pero eso no significa que el plan «estuviera mal definido o fuera demasiado ambicioso». Por su parte, el director del departamento de Infraestructuras, Alberto Cobelo, defendió como «perfectamente lícito» el modelo que se eligió.