La ministra de Sanidad, Trinidad Jiménez, ha optado por la vía rápida que ofrece la proposición de ley negociada por los grupos parlamentarios para endurecer la ley antitabaco, frente al proyecto de ley elaborado por el Gobierno. Ayer elevó al Consejo de Ministros un informe con nuevos datos estadísticos que justifican "la necesidad" de que no se pueda fumar en ningún "espacio público cerrado".

El último eurobarómetro, explicó la ministra en la rueda de prensa posterior, constata que la exposición al humo en los bares y restaurantes españoles (entre un 85% y el 93%) duplica la media de la UE, mientras que la inhalación de humo de los camareros (40,2%) dobla la de los trabajadores de la construcción y cuadruplica la de otros sectores.

Curiosamente, para argumentar la reforma de la ley, la ministra recurrió a la misma encuesta europea que ha revelado que la entrada en vigor hace cuatro años de la ley antitabaco no ha logrado reducir el número de fumadores (que ha pasado del 34% al 35% de la población).

166 MUERTES AL DÍA Jiménez restó credibilidad a estos datos con el argumento de que la UE ha usado una muestra pequeña mientras que las estadísticas del Gobierno prueban que el porcentaje de fumadores se ha estabilizado en torno al 27%. El primer año cayó el consumo debido "al clima favorable" de la ley, pero su aplicación "se ha ido relajando". Por eso "es necesaria una nueva reforma". "Mi responsabilidad es proteger la salud. Por eso sería una grave irresponsabilidad que no actuara para evitar las 166 muertes diarias que provoca el tabaco", sentenció la titular de Sanidad.

La ministra presentó el miércoles la propuesta de ley que lleva la firma tanto de IU como de ERC y que prohibirá fumar a partir de enero del 2011 en todos los espacios públicos cerrados salvo en algunas habitaciones de hotel (un 30% del total), las cárceles, los centros psiquiátricos y los clubes de fumadores. Esta salvedad puede convertirse en un "coladero", ha advertido IU, por lo que presentará enmiendas que le pongan coto.

ERC, por su parte, solicita que los bares que han invertido dinero en separar los espacios libres de humo sean compensados. La ministra prácticamente cerró la puerta a esta posibilidad con el argumento de que solo un 2% de los establecimientos hosteleros españoles han realizado reformas y se han gastado de media entre 8.000 y 12.000 euros. "Una cantidad fácil de amortizar", aseveró. El sector, por su parte, habla de gastos de hasta 25.000 euros y calcula que con la reforma cerrarán 40.000 negocios aproximadamente.

El Gobierno estudió además el anteproyecto de la ley general de salud pública que pretende garantizar la equidad y la efectividad del sistema y promover la prevención de enfermedades. "La salud será un eje transversal de todas las políticas", explicó la ministra Jiménez. La norma recoge nuevos derechos como el de recibir información sobre los riesgos de cualquier tratamiento, además de adaptar la salud pública a los conocimientos científicos actuales.