La expresidenta de la Asociación de Propietarios de la Urbanización El Saso, Mercedes García Pérez, que hace un año fue condenada a dos años y nueve meses de cárcel por la apropiación indebida de 27.259 euros de las cuentas de la entidad, trató de eludir su ingreso en prisión mediante la solicitud de un indulto.
Sin embargo, la Justicia se lo denegó y tuvo que ser trasladada por la Guardia Civil el pasado mes de julio a la prisión de Zuera, dado que ella no se presentó voluntariamente dentro del plazo legal concedido.
Mercedes García es la esposa del exconcejal popular de San Mateo Jesús Sala, quien a su vez fue condenado a dos años por el mismo delito.
"La petición de indulto no prosperó porque nos opusimos todas las acusaciones, pues hasta la fecha el matrimonio no ha pagado ni un solo euro de la indemnización que le impuso el tribunal que les juzgó", señaló ayer Francisco Bernad, abogado de la urbanización El Saso.
Mercedes García y Jesús Sala trataron de eludir la condena hasta última hora y cambiaron en varias ocasiones de abogado. Pero el Tribunal Supremo consideró que las pruebas aportadas en la sentencia condenatoria eran definitivas.
Mercedes García fue condenada por los delitos de falsedad en documento mercantil y apropiación indebida, ambos cometidos durante la época en la que presidió la entidad que regía la zona residencial de El Saso. Tal y como quedó demostrado en la vista oral celebrada ante la Sección VI de la Audiencia de Zaragoza, ambos libraron 96 cheques contra las cuentas de la asociación en dos entidades bancarias.
Al parecer, el dinero así obtenido no fue a parar a obras o iniciativas de la urbanización, sino que se destinó al pago de la hipoteca de su vivienda y a otros gastos familiares. Con el fin de conseguir su propósito, el matrimonio había imitado la firma del secretario de la entidad o la había obtenido mediante engaño.
La resolución estableció que Sala, que durante un tiempo fue el único apoyo político de la alcaldía de San Mateo de Gállego durante la pasada legislatura, cobró la mayoría de los cheques, que eran pagaderos al portador. Debido a las sucesivas extracciones de fondos de la asociación de propietarios, la cuenta de esta llegó a quedarse a cero.
La defensa de Mercedes García y Jesús Sala mantuvo durante la celebración de la vista oral que la denuncia por apropiación indebida tenía una motivación política, un argumento que la sentencia no contempló. Tampoco aceptó la responsabilidad civil subsidiaria de las entidades bancarias.
