El exsenador del PP por Huesca Rodolfo Aínsa está citado a declarar hoy en el Juzgado de Instrucción número 5 de la capital altoaragonesa como querellado en una presunta estafa inmobiliaria a una pareja que le adquirió un apartamento en una promoción en la República Dominicana. La denuncia, a la que ha tenido acceso Efe, destaca que la pareja llegó a pagar 354.000 euros por uno de los apartamentos de la urbanización que había promovido el exsenador en Santo Domingo, capital dominicana.

A pesar de la inversión realizada y del acuerdo de mediación llevado a cabo, los querellantes comprobaron años después, mediante una oficina de abogados del país sudamericano, que el apartamento nunca había sido inscrito a su nombre en el registro de la propiedad. La querella relata que la pareja fue informada en 2007 de la promoción a través de un senador del PP en Alicante con el que mantenían una estrecha amistad y que les habló de las ventajas de un proyecto inmobiliario en el que él mismo barajaba invertir. Fruto de este contacto, Rodolfo Aínsa recibió a mediados de dicho año a la pareja en el despacho que ocupaba en el Senado, a la que también asistieron sus dos hijos varones.

Aínsa les propuso la compra de uno de los 66 apartamentos de la referida urbanización, conformada por once edificios y provista de una zona comunitaria con piscina, jardines y solarium. Tras varias reuniones, en noviembre de ese mismo año, los demandantes firmaron un contrato de compraventa, sumando varios pagos hasta septiembre de 2009 para hacer frente a los 323.400 dólares del precio acordado, cantidad que abonaron en euros en una entidad bancaria de Sabiñánigo. En junio de 2010, la pareja recibió un requerimiento de pago de otros 15.294 € para los impuestos asociados a la compra.

Pese a los compromisos alcanzados, resalta la denuncia, por el exsenador, también presidente de la DPH entre 1995 y 1999, la pareja no recibió información alguna ni pago alguno por los alquileres acordados.

Los denunciantes trataron de vender el apartamento en 2015, requirieron a los promotores una copia de la escritura de compraventa y un certificado de titularidad de la propiedad que nunca llegó. La pareja contrató a un abogado dominicano, quien les confirmó que el apartamento no figuraba a su nombre y presentaron la querella por estafa.