Se puede culpar, como dice la DGA, a la confusión generada por el Ayuntamiento de Zaragoza, o como este le responde, al afán de recaudar un impuesto «injusto», pero nadie puede discutir que el Impuesto sobre la Contaminación de las Aguas (ICA) está cayendo como una bofetada en el hogar que pisa, ante la que el contribuyente quiere responder. Su problema, a veces, es que entre tanta discusión política, no siempre sabe cómo hacerlo, adónde ir o qué reclamar y a quién. La opción más segura es recurrir, después de pagar, y quizá por eso la Federación de Asociaciones de Barrios de Zaragoza (FABZ) acumule ya en solo tres meses «más de 7.000» que serán remitidas en tandas al Instituto Aragonés del Agua (IAA).

Estos formularios, que se facilitan desde la propia federación a los vecinos a través de las juntas vecinales y se corresponden solo con la primera remesa de recibos, los que llegaron en octubre a Las Fuentes, San José y Torrero, y parte de los más de 100.000 que se enviaron en noviembre, sobre todo de Delicias y la zona Centro. Y queda esperar también a los otros tantos que han empezado a aterrizar, desde el pasado día 2, a toda la margen izquierda del Ebro.

La FABZ asegura que están «desbordados» en su sede por los contribuyentes que acuden a diario a pedir esos formularios y rellenarlos, «unos 40 cada día de forma constante» incluso en Navidades, así que prevén que la cifra de recursos «se duplique» cuando llegue a todos los domicilios. «Con los que ya hay creemos que se constata que existe un malestar social», valoró ayer Manuel Arnal, del secretariado de la FABZ.

«ALUVIÓN» EN EL RABAL

En la margen izquierda del Ebro la reacción ha sido inmediata, y las asociaciones vecinales aseguran estar recibiendo estos días «un aluvión de consultas» por parte de los ciudadanos. Sus más de 120.000 contribuyentes les convierten en el bloque más numeroso, y se augura un volumen importante de recursos también, en pocas semanas. Ahora comienzan las charlas informativas, como la que ayer abarrotó la sede de la asociación del Arrabal, para dar las claves sobre cómo actuar. Una respuesta que nada tiene que ver con romper el recibo, como hacía el concejal de ZeC Pablo Híjar esta semana. «Nosotros no llamamos a la insumisión fiscal. Pagar o no el recibo es una decisión personal, como también domiciliarlo», apuntó Arnal.

«Lo que sí instamos a la gente es a interponer un recurso», añadió el representante de la FABZ, quien destacó además que «se están detectando numerosas deficiencias en el cobro». «Lo primero que hay que hacer es comprobar los datos sobre la titularidad y que el consumo es el mismo que tuvo en el 2016», expuso.

Porque algunas de esas deficiencias son importantes y a tener en cuenta. Hay personas que están recibiendo el impuesto sin ser el propietario ya de ese domicilio, bien por un error en los datos o porque hubo una transmisión que no ha quedado registrada en el traspaso de información. Otros ya pagan el agua al alza porque no existe un contador y toman el agua directamente de la tubería, «¿cómo miden el consumo para ellos?», se preguntan en la FABZ.

Pero lo que más lamentan es el trato dispensado a los más vulnerables, los perceptores del Ingreso Aragonés de Inserción (IAI) deberían tener bonificación en este tributo que el IAA tiene imposible detectar con los datos del padrón del agua. Esa información no la tenía Derechos Sociales, pero Hacienda ha girado igualmente el recibo y deja en manos de que ellos acrediten su situación para aplicar ese descuento.

Son «consecuencias de la falta de diálogo y descoordinación» entre administraciones, la DGA y el ayuntamiento, a los que piden «que se sienten a hablar» y dejen de perjudicar a los zaragozanos con este tributo «injusto».