Aragón se gasta una millonada en asumir el déficit económico de los trenes regionales y el Cercanías de Zaragoza sin que ni siquiera tenga herramientas para controlar que todo el que sube a uno de ellos paga. Así se podía resumir la situación en la que se encuentra la relación de la DGA con Renfe, a la que recientemente le ha urgido que extreme la vigilancia y persiga el fraude con más dedicación por el alarmante incremento de la picaresca en el servicio.
Así lo admitió la propia compañía operadora, que ya ha empezado a actuar pero que es responsable de carencias que lo provocan, como la evidente falta de personal. Debería tener 45 interventores en los regionales y solo hay 39 (y el 90% tiene entre 50 y 60 años). Porque de los tres que debería tener el Cercanías, uno está de baja desde hace tiempo y los otros dos hacían, hasta hace unos días, labores de gestión en oficinas. En el tren solo van agentes de seguridad privada pero no pueden comprobar el billete del viajero. Aunque ahora los dos revisores vuelven a su cometido pero, segun fuentes del sector, porque negarse a asumir más tareas administrativas.
Las fuentes oficiales de Renfe admitieron el tirón de orejas de la DGA y afirmaron que ya se ha actuado implantando "controles en las estaciones de Cariñena, Monzón, Santa Eulalia, Utebo, Casetas, Caspe, Puebla de Híjar, Luceni y Alagón", además de las cuatro de Zaragoza (Miraflores, Goya, Portillo y Delicias), con "máquinas de venta y cancelación de títulos de transporte". Tornos en alguna estación en la que ni siquiera hay vallado exterior porque, según otras fuentes ferroviarias, "es muy costoso para la demanda que tienen".
Pero Renfe solo explica que la característica "radial" de los servicios regionales en Aragón hace que "la centralidad" del núcleo de Cercanías de Zaragoza "más del 74 % de viajes tiene origen o destino" en él y permita suficiente control de la picaresca con sus dispositivos.
