Ejercer el «derecho a la digna sepultura» de los hermanos bilbilitanos que fueron trasladados en los años 50 sin permiso de sus familiares al Valle de los Caídos se complica cada día que pasa. Por este motivo, tanto Purificación Lapeña como otras doce personas con seres queridos en una situación similar han reclamado ante las Naciones Unidas (ONU) la presencia de observadores internacionales ante el «alto riesgo de ocurrir violación de los derechos humanos» en España.
El abogado que tutela el caso, Eduardo Ranz Alonso, aseguró ayer que toman esta medida de amparo por el riesgo real de que ante los trabajos técnicos preliminares que se están realizando para determinar la viabilidad de acceder a los columbarios de la mayor fosa común del franquismo las familias se queden sin ejercer «la menor información probatoria».
De hecho, el pasado 23 de abril, cuando finalmente un equipo de forenses realizó catas en las capillas para comprobar el estado del inmueble se impidió el acceso de los deudos que tienen el derecho reconocido a la exhumación de los restos.
El abogado considera que los trabajos técnicos se podrían haber realizado hace diez años, cuando entró en vigor la actual ley de memoria histórica. Y alerta de que el hijo de uno de los dos combatientes sobre los que se ha autorizado a recuperar sus restos tiene ya más de 92 años. «Eso puede suponer que el proceso sea más largo que su vida, lo que es un evidente perjuicio para la parte demandante, sin que su conducta merezca reproche alguno», expresa en el texto que han elevado ante la ONU.
Las partes implicadas en el caso consideran que las imágenes que existen del interior de las criptas certifican que la recuperación de los cadáveres sería posible si existiera voluntad para hacerlo. Y alertan de que los trabajos previos estaban programados para 48 horas y se realizaron en una sola mañana. Además, recuerdan que ya se ha entrado en las fosas en tres ocasiones en democracia.
El proceso de exhumación ya ha tenido que superar otros escollos como la negativa de las autoridades religiosas que gobiernan la abadía benedictina de Cuelgamuros a cumplir con las resoluciones. Esta situación ya motivó una petición de amparo anterior ante las Naciones Unidas que todavía no ha sido contestada. El prior Santiago Cantera acumula al menos doce denuncias por su desobediencia.
Asimismo, el abogado criticó la decisión de la organización de anunciar un «nuevo proceso judicial» antes de conocer las conclusiones del equipo técnico, por posibles oposiciones de terceros. «Aplicando dicha interpretación, no sería posible exhumación alguna en el mundo, en una fosa en la que hubiera más de un cuerpo, e igualmente no sería posible la exhumación de quien hubiera sido fallecido o ejecutado sin descendencia que pudiera reclamarle», expresó. Con todo, el litigio irá para largo.
