Las familias y los pacientes de la Fundación Agustín Serrate de Huesca se han mostrado hoy preocupados por el futuro de la salud mental en Huesca tras reunirse con el director general de Planificación y Aseguramiento de la Consejería de Sanidad del Gobierno de Aragón, Antonio Villacampa.

Villacampa se ha reunido con alrededor de medio centenar de familiares y usuarios para aclarar cuáles serán los pasos que dará, en los próximos meses, el ejecutivo autonómico, lo que les ha generado una mayor preocupación por la calidad asistencial que ofrecerá el centro con los cambios, que afectarán 22 funcionarios que serán trasladados a varios centros de salud de Huesca.

José Luis Barreu, padre de uno de los enfermos, ha explicado a los medios de comunicación que los familiares han salido menos tranquilos de lo que han entrado en esa reunión y que los pacientes están cada vez más nerviosos y que incluso algunos han vivido episodios de ansiedad en los últimos días.

"Los familiares salimos con sensación de tristeza porque vemos que la administración no tiene una voluntad clara de llegar a un acuerdo con la Fundación, que es la que en estos momentos funciona bien en Huesca, y los enfermos cada vez están más agitados porque no entienden que puede haber un cambio de horarios o cuidadores", ha destacado Barreu.

Otra de las familiares, Asunción Albás, que tiene a su hijo pequeño dentro del centro de día, ha criticado el traslado de los 22 funcionarios y su reemplazo por otros trabajadores porque esto "perjudicará a los pacientes, que son muy frágiles y tienen una referencia en los empleados que hay ahora".

Albás piensa que los usuarios "van a sufrir mucho con los cambios y están muy angustiados" y ha señalado: "no vamos a sacar nada, ahora tengo más dudas y estoy peor, con una sensación de frustración".

Otra de las familiares, Loles Ferrer, no entiende "este cambio de modelo que quieren dilapidar y que era un apoyo hasta hace cuatro días del otro gobierno" y ha asegurado que esta "inestabilidad nos está matando. No podemos seguir así hasta el 19 de diciembre", fecha en la que finaliza el contrato de la fundación y comenzará el proceso de adjudicación a otra empresa.

Antonio Pérez, usuario de uno de los pisos tutelados de la Fundación ha reconocido que acoge "con miedo" las decisiones del Gobierno de Aragón, porque no comprende que se lleve a cabo ningún tipo de modificación en el centro, convencido de que volverá "a recaer" y de que "si nos quitan lo que tenemos, van a meter la pata hasta el fondo".

Este paciente, quien ha vivido muchos años en la calle, ha explicado que ahora tiene gente a su alrededor que le aprecia y le cuida, con una vida normalizada a pesar de que está enfermo.

Antonio Valdés es usuario y trabajador del centro de inserción laboral de Arcadia y cuenta que, antes de entrar, sufrió varias recaídas y estuvo 14 meses "de la cama a comer y de comer a la cama" y que ahora lleva cinco años "sin ingresar y soy feliz".

Este empleado, quien trabaja en el vivero ecológico, ha precisado que "además del buen funcionamiento de este centro, que nos aporta salud, es también un ahorro económico para la administración, porque imagina todo lo que gastaríamos cada vez que sufrimos una recaída".