La Federación de Asociaciones de Padres y Madres de Aragón (Fapar) ha denunciado hoy que las becas de comedor escolar para el próximo curso sólo atiendan a 4.324 familias, el 23 por ciento de las solicitudes, y que 8.358 se han quedado fuera por superar una determinada renta, aunque estén en riesgo de pobreza.

Así lo ha señalado el presidente de Fapar, Juan Ballarín, antes de presentar al Justicia de Aragón una queja contra la orden del departamento de Educación que convocaba estas ayudas, además de las de material curricular, un escrito en el que piden la derogación de dicha convocatoria, que ha considerado "profundamente injusta" ya que atiende únicamente a una pequeña parte de las familias necesitadas.

En la presente convocatoria se han presentado 18.800 solicitudes, frente a las 20.000 de la anterior; se han adjudicado de manera provisional 4.324 becas, el 23 por ciento, cuando el curso pasado fueron 4.860, ha informado.

Se han denegado 14.476 también provisionalmente, porque el periodo de alegaciones finaliza el 24 de julio, es decir, se deja de atender las necesidades del 77 por ciento de las familias, en el caso de 8.358 por superar el umbral de renta fijado y otras 1.703 por falta de documentación.

Por ello, el escrito presentado al Justicia, "perfectamente documentado" según Ballarín, se basa gran parte en el requisito de ingresos máximos de la unidad familiar de 6.390,13 euros anuales, que está "muy por debajo" del umbral de riesgo de pobreza, fijado entre 8.637 y 18.137 euros al año.

Asimismo, se centra en aspectos "muy, muy serios" como es que una de las necesidades básicas de la población infantil es la alimentación y, en este sentido, la orden contraviene la Constitución Española y no se ajusta a las normas internacionales sobre protección de los derechos de la infancia, además del Estatuto de Aragón.

La queja, que ha sido presentada por Fapar, el colegio de Trabajadores Sociales, Marea Naranja y la Plataforma por la Defensa de Escuela Pública de Zaragoza, se une ahora al recurso de reposición entregado el día 28 de junio a la consejera de Educación, Dolores Serrat, de la que todavía no han recibido respuesta, ha dicho Ballarín.

Y a la espera de la contestación del Justicia, y aunque no quieren llegar a esa situación, no descartan presentar un recurso contencioso administrativo ante los tribunales de justicia.

En la queja presentada hoy piden que el departamento de Educación derogue la orden, que incluye un requisito, el de un determinado umbral de renta, que consideran "restrictivo y arbitrario", y que se proceda a la articulación de un sistema de ayudas consensuado y que se otorguen de manera directa, no en régimen de concurrencia competitiva, para no dejar fuera determinadas situaciones.

Por ejemplo, ha dicho, en la actualidad se quedan fuera los menores inmigrantes que viven en familias en situación irregular, el criterio de la renta anual disponible se hace tomando en cuenta el IRPF de 2011 que puede no corresponder con la actualidad y es necesario justificar el Ingreso Aragonés de Inserción (IAI), sin considerar los que se encuentran en tramitación.

Sobre las solicitudes concedidas, Ballarín ha informado de que en el 52 por ciento de los casos la renta es inferior a 1.000 euros anuales, de los que el 31 por ciento tiene una renta de cero euros y el 4 por ciento es negativa, y en el 15 por ciento son familias numerosas que no cobran el IAI.