Los informes de la inspección médica del Gobierno de Aragón, junto a la Agencia Española del Medicamento y Productos Sanitarios, señalan que el fármaco Ala Octa (que se utiliza en la cirugía de retina para readherir esta capa ocular) puede ser el causante de diversos efectos tóxicos sobre los pacientes a los que se les administró en la comunidad.

Según la Asociación del Defensor del Paciente, los propios informes de la aseguradora del ejecutivo autonómico manifiestan en relación al producto que «no se demuestran otras causas que justifiquen el mal resultado funcional con abolición del campo visual y agudeza visual de mala percepción de luz».

En los tres procedimientos administrativos de reclamación patrimonial seguidos en Aragón por el abogado Ricardo Agóiz, representante en la comunidad de la Asociación del Defensor del Paciente, se hace referencia a las mismas causas. El colectivo destaca que se han efectuado alegaciones para instar a que la DGA, en el proceso administrativo abierto, incluya tanto a la empresa fabricante del producto como a la empresa distribuidora en España. Señalan sus responsables que la resolución de los procedimientos administrativos abiertos podría demorarse cinco meses, aunque se muestran confiados en que no sea necesaria la apertura de procesos judiciales para que los pacientes sean «debidamente indemnizados».

Además, la DGA podría llamar al proceso a ambas empresas y establecer sus responsabilidad y las indemnizaciones. «Estas lesiones van desde la pérdida de campo visual a la pérdida total de visión, lo que implica una valoración indemnizatoria distinta, según la gravedad de la lesión», dicen.