A nadie se le escapa la nula sintonía que existe entre el Gobierno de Zaragoza en Común (ZeC) y la contrata que mantiene los paques y jardines de la capital, FCC. Y después de que se hayan caído nueve árboles de grandes dimensiones en la ciudad en solo 15 días, no solo se eleva la tensión, sino que ambos ofrecen explicaciones contradictorias respecto a desplomes tan preocupantes como el del pino carrasco del jardín botánico en el Parque Grande, el pasado domingo. Si el responsable municipal de Servicios Públicos, Alberto Cubero, lo achacaba al inventario que le reclama a la empresa, esta asegura que ya alertó del riesgo y la necesidad de poda.

Su versión rebate completamente la del edil de ZeC y el informe que la responsable de Parques y Jardines ha elaborado tras lo sucedido. Esta aseguraba que, en este caso, todo se debió a una «espiralización radicular» que se debe a una práctica inadecuada en el cultivo, en el vivero, pero el análisis de la contrata apunta en otra dirección. Se corresponde con «el desequilibrio de peso de copa por la inclinación» que sufría ya este árbol de más de 20 metros de altura. La frondosidad de las ramas, argumentan sus técnicos, hizo que el peso se trasladara en exceso del punto principal de apoyo, la base del tronco, y este acabó partiéndose.

La principal prueba que demuestra esta explicación se demuestra simplemente observando cómo quedó el árbol. Porque, según explicaron desde la contrata, «cuando se produce una espiralización de la raíz, el tronco se muestra lo que se denomina punta de lapicero», por la forma en la que este queda, por el efecto de una raíz que lo que hace es ir estrangulándolo hasta que se reduce tanto la base sobre la que apoya que acaba cayendo.

El argumento de la poda, en realidad, no es algo nuevo. Ni para FCC ni para el propio ayuntamiento, ya que la empresa, que estas últimas semanas se encuentra ultimando el inventario de los cerca de 3.000 árboles que existen en el Parque Grande, ya alertó al consistorio (y al servicio de Parques y Jardines) del elevado riesgo de caída que tenía este ejemplar en concreto.

DE LA ‘A’ A LA ‘D’

Su labor consiste en asignar una categoría, de la A a la D, siendo la A y la B para los árboles que se encuentran en estado óptimo, y la C y la D los que están graves o muy graves. Pues bien, el citado pino carrasco estaba desde hace tiempo con la D de máximo riesgo. Y, de hecho, la empresa advirtió de la necesidad de podarlo, «porque es la única manera de actuar» con ejemplares tan inclinados: reducir el peso de la copa para que esa inclinación no suponga un riesgo de caída. Otros, como el caído en Camino de las Torres, «estaba sano, era categoría A», añaden.

Lo mismo que sucedió, aseguran desde la empresa, con el mapa de riesgo del arbolado en el viario urbano, que le fue trasladado, distrito a distrito conforme se fueron inventariando el año pasado, y al finalizarlo en noviembre del 2016. Con un total de 10.500 ejemplares en riesgo de caída, lo que motivaba la necesidad de actuar. Una urgencia que ya existía, sostiene FCC, cuando, en julio del 2016, Cubero ordenó vía decreto que no se podar ni un solo árbol de grandes dimensiones más. La razón, que se había agotado la partida presupuestaria para ello. Una decisión a la que dio marcha atrás en diciembre, cinco meses después.

Urge la poda y también el inventario, pero discrepa radicalmente con el edil de zeC en su interpretación del pliego de condiciones que rige el contrato. Para FCC, la explicación de que hoy todavía no haya un inventario del arbolado de los parques se debe a que ZeC no ha facilitado el mismo. Ni la cartografía para hacerlo. A eso le obliga el pliego, que deja para la empresa la obligación de cotejar los datos y hacer todas las comprobaciones necesarias. Pero sobre una propuesta inicial del servicio de Parques que nunca han facilitado.

De hecho, FCC y el ayuntamiento hoy están enfrentados por el del arbolado del viario urbano entregado en noviembre del 2016. Porque la empresa realizó uno nuevo por sus propios medios y sin ayuda alguna del consistorio, para lo que necesitó algo más de un año y destinar a ello recursos propios que no están estipulados en el contrato actual. Personal que, para hacer esta labor, dejó de hacer otras funciones obligatorias. ¿Quién lo paga?

Así, el citado inventario de los parques se inició igualmente «en septiembre», pese a no tener las cartografías, y se acabará «este mes». Pero deberán resolver esta cuestión antes de la entrega.